Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas donde peor se trata a su profesorado y, por esta razón, CCOO pregunta al futuro nuevo Gobierno qué pasos va a dar para mejorar esta situación tan desfavorable.
A raíz de las últimas crisis económicas, la evolución del empleo público en el sector de la enseñanza se ha resentido enormemente y la falta de voluntad política sigue siendo la tónica general. Si bien la parte más dura de los recortes tuvo un carácter estatal, la recuperación de estos ha sido dispar según las comunidades, y la nuestra es una de las que sale peor parada.
Es llamativo cómo, a pesar de que en los informes PISA el profesorado de Castilla y León se sitúa a la cabeza, la administración, por contra, no recompensa su labor mejorando sus condiciones laborales, entre las que urgen el salario, la carga lectiva y su estabilidad.
En el informe que ha elaborado CCOO comparando las retribuciones anuales de las distintas comunidades autónomas, Castilla y León ocupa el cuarto lugar de los sueldos más bajos en los cuerpos de maestros/as y profesorado técnico de FP, y, aún más grave, el segundo por la cola en el cuerpo de profesores/as de Enseñanza Secundaria, superado solo por Aragón.
En la práctica, esta situación ocasiona agravios comparativos como el que, a dos docentes destinados en localidades cercanas pero de comunidades distintas (pongamos por caso Villasana de Mena en Burgos y Balmaseda en Vizcaya), los separen tan solo 16 km pero más de 5.500 € anuales de salario.
Si ponemos el foco en otro de los puntos donde se hizo patente hace años el deterioro profesional, nos encontramos con que aún no hemos conseguido volver a las 35 horas de jornada laboral estipuladas anteriormente, por el incumplimiento del acuerdo firmado con el gobierno autonómico. La regulación de la jornada lectiva docente, asunto que se dejó en manos de las Comunidades Autónomas, trajo como consecuencia que nuestra comunidad abandere el grupo de comunidades con mayor carga horaria en todos los cuerpos docentes.
Desde CCOO mandamos un mensaje claro: los y las docentes son una pieza clave en la educación y, en consecuencia, la Administración ha de velar por ofrecerles unas condiciones laborales dignas: incrementando sus retribuciones para que recuperen el poder adquisitivo perdido en estos años y revirtiendo los recortes en materia de jornada lectiva y laboral.
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