Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT no negociarán plantillas en Zamora y plantan cara a una Junta que no cumple lo que firma

Los sindicatos más representativos en función pública, CCOO, CSIF y UGT, inician el nuevo año 2020 retomando la exigencia a la Junta de Castilla y León para que cumpla los compromisos pendientes con sus empleados públicos, como son la recuperación de la jornada de 35 horas y el pago de los fondos adicionales de 2018 y 2019.
Se ha agotado la paciencia. Desde el inicio de este curso, la Junta ha venido riéndose de nosotros al no aplicar la jornada de 35 horas para todo el funcionariado. Un acuerdo negociado, pactado y firmado con el Gobierno Regional.
A esto hay que sumar que, de cara a la negociación de plantillas, la Junta de Castilla y León ha venido imponiendo sus criterios para la determinación de dichas plantillas jurídicas sin admitir alegación alguna de ninguno de los sindicatos. De cara a este curso, ni tan siquiera contemplan la jornada de 35 horas para crear plazas y evitar amortizaciones, lo cual implica que tampoco piensan aplicar ese compromiso firmado en el curso próximo. Ni se plantean rebajar las excesivas ratios que impusieron los recortes, ni se plantean negociar las plantillas de Educación Especial ateniéndose a los datos reales del centro, ni se plantean mantener una plantilla que ya tienen en la zona rural que evite su despoblación, en definitiva los recortes siguen, no se plantean la mas mínima mejora.
Respecto al pago de los fondos adicionales, los tres sindicatos ya trasladamos a la Junta de Castilla y León una propuesta de reparto lineal y consolidable de dichos fondos. Por el momento, no se ha recibido respuesta alguna, ni se ha convocado reunión para negociarlo, a pesar de nuestros constantes requerimientos.
Con esta tesitura, la Junta nos deja dos escenarios, ser comparsa y cómplice de que mantengan de facto cada recorte o plantar cara, no negociar, presionar y hacer las acciones necesarias para que cambie el rumbo. CSIF, CC.OO. y UGT lo tenemos claro, no vamos a ser cómplices del abuso de la Junta contra unos profesionales que sitúan su trabajo en el primer puesto del estado mientras son los peores pagados y siguen mermándoles sus recursos.