Es habitual ver llegar a una compañera o un compañero a la sala de profesores con un gripazo que haría las delicias de cualquier investigador de gripes, todos los síntomas, todos los virus recientitos… pero la compañera, o el compañero, van al cole. Verás tú, es el comentario habitual, en una semana, todos. Esto que cuento, que parece un chiste, es la lamentable situación habitual en los últimos años en los claustros de coles e institutos y también entre el personal laboral de dichos centros. ¿El motivo? No es otro que la normativa de bajas que se aprobó el 28 de diciembre (curiosa fecha) de 2012. Pero esto es tan solo una anécdota. Asegura la administración que esta normativa es debida, así sin rubor lo sueltan, a que se abusaba de las bajas por enfermedad. Y digo sin rubor porque esa afirmación, a quien descalifica, es a su propio servicio de inspección, que son quienes deben revisar cada baja, detectar las fraudulentas y dejar a quien está enfermo que se reponga y no contagie a sus compa ñeras y compañeros. Eso por no mencionar al alumnado, claro.
No se conformaron con esto, ya que se dispusieron a matar moscas a cañonazos deciden ampliar el tiro: Quien esté de baja JUSTIFICADA, (salvo algunas excepciones, embarazos de riesgo u hospitalización con intervención quirúrgica) durante 17 días perderán el 25% de su sueldo y durante los 3 primeros días la mitad. Castigadas y castigados por estar enfermos. Esto no tiene otra palabra más que INADMISIBLE.
Nos trataron de convencer con la excusa de la crisis. Nosotros, funcionarios del estado, es decir unos privilegiados (que se lo pregunten al personal laboral y su sueldo que en muchos casos no llega a los 1000 euros) debemos arrimar el hombro para superar la crisis. Y me temo que “mediocoló” porque la protesta no fue lo que debía haber sido. ¿Cómo es posible que un país penalice a las personas por estar enfermas? ¿Cómo es posible que nadie intuyera las consecuencias? Se vanaglorian con estadísticas diciendo que las bajas han disminuido en un alto porcentaje. Sería interesante un informe serio que desvelase cuantas de esas bajas que ya no se producen, acudieron enfermos al trabajo. Porque no somos unos privilegiados. Ni tan siquiera quien tenga un salario que no sea el del personal laboral. Cualquiera que planificara su vida acorde a sus ganancias, y tenga una hipoteca que entonces podía asumir, ya no puede. No puede porque el salario se congeló y recortó y no puede permitirse el “lujo asiático” de estar enfermo. Aún queda un eslabón más en la cadena, las enfermedades de larga duración. Ya son varios los casos que hemos visto y somos un sindicato provincial pequeño, no queremos imaginar qué pasará en sitios más grandes.
Compañeras y compañeros que se ven sorprendidos por escritos desde MUFACE o desde la Seguridad Social donde se les dice que ya llevan tiempo de baja (16 meses suele ser el período) y que, independientemente de lo que diga su médico de cabecera, les dan el alta. Ahí es nada ¿eh? O peor, que aunque su médico les dé el alta se preparen para acudir al tribunal para ver si les dan la incapacidad permanente. Terrible. Compañeras y compañeros con depresiones, con enfermedades raras, con algunas patologías que parece mentira que no haya la más mínima sensibilidad, son dados de alta sin compasión o peor aún…. 28 de abril, día de salud laboral y prevención de riesgos laborales nada menos y el sindicalismo tenemos una deuda pendiente, recuperar la dignidad del enfermo. Nadie debe ser sospechoso de desidia por enfermar, nadie debe sufrir recorte en sus remuneraciones por enfermar, nadie debe ser obligado a volver al trabajo si su enfermedad no remite. Se acabaron las excusas. Ya no cuelan. Que los servicios de inspección hagan su trabajo (bien pagado está y muchas dificultades no tienen los allegados políticos para acceder a la plaza aunque no superen sus exámenes) y detecten los escasísimos casos de enfermedad fingida pero todas y todos los demás compañeras y compañeros laborales y docentes no debemos ser sospechosos de teatralizar enfermedades, bastante tenemos ya con ser sospechosos de delitos sexuales (eso da para otro artículo, que no creo que tarde en escribir) para además ser sospechosos de inventar enfermedades. Ser funcionaria o funcionario del estado, es un orgullo, también un gran servicio al país, también algo necesario y perseguirnos, desprestigiarnos y estigmatizarnos no va a arreglar crisis que otras y otros (que alguien encuentre un funcionario en los papeles de Panamá, por ejemplo) provocaron. Ya arrimamos el hombro bastante, ya hemos soportado varias congelaciones y bajadas de sueldo, ya está bien. Es el momento de recuperar derechos y dignidad y revertir esa Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas es algo necesario por ambas cosas. Es nuestro derecho, es nuestra dignidad. No a cualquier recorte salarial por enfermedad, que menos.
Oscar Sancho Rubio
Secretario General de Enseñanza de Segovia de CCOO
