Compañeros y compañeras, en el inicio de un nuevo curso con la implantación de la LOMCE en los cursos impares de secundaria y bachillerato. Después del paréntesis vacacional, donde ha habido oposiciones de secundaria, resoluciones de concursillos y concursillos, y adjudicaciones de interinidades, seguimos, como es habitual, contando con la voluntariedad de los trabajadores de los centros de enseñanza para conseguir una eficaz organización en este nuevo comienzo.
Por un lado, la implantación de una ley que ha conseguido aunar criterios en los diferentes colectivos de la comunidad docente (que se ha manifestado en su contra en diversas actuaciones), lo cual no deja de resultar sorprendente, deja al descubierto, por una parte la incapacidad de la misma para resolver los problemas de base de la educación actual y, por otra, su capacidad para crear nuevos problemas: programaciones que han de hacerse en corto tiempo y con la incertidumbre de si tendrán o no continuidad más allá de unos pocos meses, libros que se han cambiado pese a no cumplir la normativa de no hacerlo hasta el 2016, vacíos en el paso de un tipo de programa a otro, por ejemplo Diversificación Curricular – Programas de Mejora, etcétera.
Por otro lado, las nuevas adjudicaciones con tan poco tiempo de margen, a veces incluso en tiempo de descuento (se adjudican una vez comenzado el curso), provocan retrasos y problemas solucionados solo con el buen hacer de los implicados. Y dentro de estas adjudicaciones, ¡cómo no!, sería imposible no hacer mención de los funcionarios interinos que, como todos los años, se ven afectados por la precariedad de sus contrataciones: curso a curso (en el mejor de los casos son contratados cada nuevo curso en septiembre), hora a hora (muchos de ellos tienen contratos de muy pocas horas y sin la garantía de una duración concreta), tiempo a tiempo (muchos de ellos también, con contratos que no les cubren los periodos vacacionales)…
Y por si no fuera ya bastante ardua su situación, sufren también la falta de consideración y respeto como profesionales de la educación, por parte de algunos de sus “compañeros” docentes que les relegan a un rango de segunda fila y ni siquiera les tienen en cuenta en las primeras tomas de decisiones para el desarrollo del nuevo curso o en la elección de cursos/grupos en los que deberán ejercer su docencia.
¿Tanto habría costado esperar un día a que su adjudicación fuera definitiva, para constituir los distintos departamentos, como la ley marca? ¿Tan imposible resulta que su adjudicación definitiva se realice con la antelación suficiente para que no se produzcan estas penosas actuaciones?
Si todos estamos en el barco de la educación, ¿por qué no unir criterios y facilitar actuaciones? Seamos más inteligentes y no admitamos como normales las situaciones que año tras año se producen en cada comienzo de curso.
