Artículo de opinión de la Plataforma por la Educación Pública de Ávila.
Ya es bien conocida la frase de Nelson Mandela que dice que “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” y que a los que defendemos la Escuela Pública de todos y para todos nos gusta tanto citar. Porque es verdad, porque la EDUCACIÓN, así, con mayúsculas, es la herramienta más eficaz para luchar contra la mayoría de los males de una sociedad como la nuestra, que asiente perpleja a episodios como los de “La Manada”, al incremento de las actitudes racistas de algunos países hacia los migrantes en el Mediterráneo, la creciente manipulación mediática y el recorte de derechos tan básicos como la libertad de expresión.
Y eso es así porque la Educación es mucho más que la regulación de los contenidos y los conocimientos que nuestros niños y jóvenes deben adquirir para superar unos requisitos legales previamente establecidos, y va más allá de lo que antiguamente se llamaba “Instrucción Pública”, que no era más que la estandarización de los saberes que la sociedad reclamaba para perpetuar sus estructuras sociales y económicas en cada momento de la historia. Las sociedades más avanzadas, las que a todos nos vienen a la mente como ejemplos de convivencia en igualdad, de progreso social y económico y de respeto a los derechos sociales y al medio ambiente, están basadas en sistemas educativos públicos fuertes (98% en Finlandia o 95% en Alemania por un 68% en España, según datos de Eurostat, 2015), donde los niños y niñas, además de contenidos teóricos, forjan su propia identidad basándose en las experiencias que les trasmite un profesorado bien considerado social y laboralmente, en unas escuelas bien dotadas de medios materiales y personales, y dentro de unas comunidades que valoran y respetan la educación como uno de sus principales activos sociales.
En nuestro país, con los primeros gobiernos democráticos se inició ese cambio de la instrucción pública de la dictadura franquista, basado en el adoctrinamiento político y el dogma católico, con segregación de sexos, enseñanza obligatoria de la religión en todas las escuelas y derecho de la Iglesia a la inspección de la enseñanza en todos los centros docentes, siendo el estado completamente subsidiario de la Iglesia en esta materia. Por fin, y tras los incipientes avances de la Ley General de Educación de 1970, en 1985 se promulga la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) desarrollando en ese sentido el artículo 27 de la Constitución Española, que reconoce, en su punto 2, que “La Educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” y en su punto 4 que “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.
En ese momento, con ese mandato constitucional y en esa ley recién estrenada, se aprueba la existencia de una doble red de puestos escolares, públicos y privados, estableciéndose además un régimen de conciertos al que se pueden acoger centros de titularidad privada para ser financiados con fondos públicos. Se pretendía de esta forma garantizar el acceso a esa enseñanza básica y gratuita en un periodo además de explosión demográfica, tan alejado del actual, a todos los alumnos, incluso en aquellos lugares donde aún no se habían podido construir ni dotar centros educativos públicos. Los “conciertos”, por lo tanto, eran la financiación pública que recibían aulas de centros privados para cubrir las carencias de las plazas en centros públicos que debe garantizar el Estado. No se trataba, por lo tanto, de establecer dos sistemas educativos diferentes, concertado y público, sino que el concertado era subsidiario del público y solo en tanto no hubiera plazas públicas suficientes.
Pero lo cierto es que, a día de hoy y tras la sucesivas reformas legales al albur de cada gobierno de turno, nos encontramos ante una doble red educativa con financiación vía impuestos, la pública y la concertada, que, además, compiten entre sí a la hora de captar alumnos en esta época marcada por una depresión demográfica sin precedentes. Además, y salvo algunas raras excepciones, los centros educativos concertados en Castilla y León son todos de carácter religioso, con un sistema de acceso a la función docente ajeno a la objetividad de las ofertas de empleo público y con unas sospechosas “aportaciones voluntarias” dinerarias de las familias que los eligen para educar a sus hijos que choca frontalmente con el requisito constitucional de que la educación sea gratuita.
Para más inri, vivimos en una Comunidad Autónoma donde los sucesivos gobiernos conservadores permiten la aplicación del régimen de conciertos a ciclos educativos no obligatorios, como el Bachillerato, y la extensión de ese sistema rozando los límites de la legalidad, como hemos sabido estos días que ha ocurrido en Arévalo.
Arévalo, el penúltimo atropello a la educación pública y a la cordura democrática. Porque aquí la Junta de Castilla y León se ha saltado todos los límites. La Junta, como todos los años, presentó su propia propuesta para el reparto del alumnado de 3 años de Arévalo para el próximo curso. Cuando una institución hace una propuesta lo mínimo esperable es que la respete o la negocie. En este caso se ha saltado al órgano negociador que es la Comisión de Escolarización y ha tomado la decisión de romper su planteamiento para beneficiar a una parte.
Para entenderlo bien hay que tener más datos, veamos:
-81 alumnos que han solicitado plaza. El reparto previsto era 2 clases en el CEIP La Moraña, 2 en el CEIP Los Arevacos y 1 en el CC Amor de Dios.
-Distribuyendo los alumnos que no tenían plaza en el CC Amor de Dios entre los otros dos centros quedarían: 2 clases en el CEIP La Moraña, 1 en el CEIP Los Arevacos y 1 en el CC Amor de Dios.
-La Junta de Castilla y León, unilateralmente, ha decidido: 2 clases en el CEIP La Moraña, 1 en el CEIP Los Arevacos y 2 en el CC Amor de Dios.
Esto nos lleva a varias conclusiones:
-La palabra de la Junta no tiene ningún valor ya que rompe su propia propuesta sin dar ni explicación pública ni en la Comisión de escolarización, que es dónde se debería decidir el reparto de ese alumnado.
-Tras años de recortes a la educación por parte de la Administración se demuestra que el problema no es el dinero, sino en qué se quiere usar ya que no hay dinero para equipamiento, disminución de ratios, etc. pero sí lo hay para abrir un aula innecesaria en un colegio concertado.
-La educación concertada ha pasado de tener un carácter subsidiario en el que se ofrecía donde no podía llegar la educación pública, para pasar a ser prioritaria cerrando aulas públicas para abrir otras concertadas e, incluso, abrir concertadas que sobran. Un camino totalmente opuesto al que siguen los países con mejores resultados en educación. En este sentido cabe recordar los últimos resultados de la EBAU dónde un estudiante del IES Alonso de Madrigal ha obtenido la mejor nota de la provincia con un 9,76.
Y a unas preguntas inevitables:
-¿Es la mejor forma de gestionar el dinero público abrir aulas que no se necesitan?
-¿Quién se beneficia con estas arbitrariedades? ¿Quién es responsable de ellas?
-¿Dónde queda la educación pública, laica y gratuita?
-¿Somos todos iguales?
Por eso, desde la Plataforma por la Educación Pública de Ávila, queremos expresar nuestra total oposición a esta política de la Junta de Castilla y León de postergar el derecho fundamental a la Educación pública, gratuita y laica, como supuestamente es nuestro Estado, en favor de un sistema de conciertos, que ha pasado de ser una solución subsidiaria a la carencia de plazas públicas en momentos de expansión demográfica a una forma de financiar un retorno encubierto a una mera instrucción estandarizada, en la que se fomenta la formación de individuos productivos, olvidando la educación integral de nuestros niños/as y jóvenes, hecho que contrasta enormemente con los sucesivos recortes que en los últimos años se vienen aplicando a la financiación de los centros educativos públicos, que ven como amenaza real el cierre de aulas en sus centros mientras la administración regional se las ingenia para incrementarlas en los concertados.
