Valoración pacto político LOE

CCOO considera razonablemente positivo el Pacto Político alcanzado en el Parlamento. En el pacto se incluyen los temas laborales acordados con el Ministerio (jubilaciones, convivencia, retribuciones...) y se mantienen los aspectos más importantes relacionados con la igualdad de oportunidades (admisión de alumnado, atención a la diversidad...), la generalización de los servicios educativos. Pero, sobre todo, se avanza en una demanda central de la CCOO, "la financiación educativa", al incluirse en el Título VIII del proyecto de la LOE. Se trata de un acontecimiento sin precedentes en las anteriores leyes educativas de la democracia, que redunda en beneficio del servicio público de la educación. No obstante, consideramos negativas algunas ambigüedades relacionados con el proceso de escolarización del alumnado. Es importante que, tras las negociaciones mantenidas con todos los grupos parlamentarios, y previamente con muy diferentes organizaciones del sector educativo, y pese a las presiones más conservadoras, hayan permanecido aspectos que desde CC.OO. considerábamos irrenunciables. En primer lugar la concreción de la educación como un servicio público, y no como querían algunos grupos, que han venido insistiendo en que la Administración es meramente "subsidiaria" de no se sabe bien qué voluntades, pretendiendo que la enseñanza acabe prácticamente sujeta a las puras y duras leyes del mercado."A este respecto ?ha declarado José Campos- nuestra demanda de que las medidas que aparecían en el anteproyecto de LOE destinadas a asegurar la igualdad no se viesen mermadas o quedasen reducidas a enunciados testimoniales, ha sido recogida tras los encuentros y negociaciones, tanto con el presidente del Gobierno como con el grupo parlamentario del PSOE. Así, lo relativo a la admisión de alumnos, a las comisiones de escolarización, a las medidas de atención a la diversidad, respecto al derecho de elegir o no la asignatura de religión, sin que nadie tenga que optar por otras asignaturas alternativas en caso de no elegirlas; todo ello ha permanecido globalmente como quedó establecido desde un principio."También desde CC.OO. se había insistido en las negociaciones en la necesidad de otorgar una mayor valoración a los Servicios Educativos Complementarios en esta ley orgánica. Las modificaciones introducidas van en la línea que planteábamos desde CC.OO., en nuestra consideración de que estos servicios delimitan muy bien los parámetros que definen la calidad de la oferta educativa y de que es necesario potenciarlos, en especial en el ámbito de la enseñanza pública, porque no dejan de ser un criterio básico y el más frecuentemente utilizado a la hora de elegir centro. Es necesario que acabe desapareciendo la dualidad de una red de centros con servicios complementarios de calidad, y otra (la pública) que casi sólo pueda prestar la mera oferta educativa obligatoria y poco más, con lo que ello implica de merma de valoración de enseñanza pública por parte de la sociedad.Pero lo que ahora valoramos en CC.OO. como un logro muy positivo son los compromisos sobre financiación educativa que han acabado siendo incluidos en el propio cuerpo, normativo de la Ley. Pedíamos una regulación a este respecto con rango de normativa orgánica. De ahí que viniéramos demandando una Ley de Financiación y no una mera memoria económica. Tampoco nos valía una simple disposición adicional para un aspecto tan determinante del futuro educativo de nuestro país. El acuerdo alcanzado en la comisión parlamentaria de añadir un nuevo título a la Ley establece un instrumento jurídico válido para el establecimiento de compromisos concretos, mediante la concreción y secuenciación de partidas presupuestarias específicas para objetivos específicos. Si a ello se añade que en el proyecto se explicita el compromiso de alcanzar en diez años la media europea de gasto educativo (algo que en los últimos diez ha sido precisamente lo contrario: un retroceso constante) y si al mismo tiempo se especifica el mandato expreso para que se elaboren y pongan en marcha planes de financiación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, no podemos dejar de subrayar nuestra valoración positiva ante tales modificaciones.En cuanto a los acuerdos para establecer planes de financiación con las comunidades autónomas, se incide especialmente, junto con las modificaciones que se han acordado con respecto al currículum y a las enseñanzas mínimas, en otra de nuestras exigencias: que la LOE se convierta en un eje vertebrador y básico del sistema educativo de nuestro país, de manera que, salvando las peculiaridades de cada territorio, asegure unas garantías de igualdad de modo que todos nuestros alumnos, independientemente de su lugar de residencia, tengan unas semejantes perspectivas de futuro, al menos en la parte en que puede prepararlos para él nuestro sistema educativo.Por último, CC.OO. valora también de modo especial que en el articulado de la Ley se recojan los compromisos que recientemente asumió el Ministerio de Educación y Ciencia en sendos acuerdos suscritos en los que se articulan importantes mejoras laborales para el profesorado de la enseñanza pública y para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada (aspectos retributivos, de acceso al empleo, de formación, de jubilaciones, de garantías ante las transformaciones futuras de los puestos de trabajo que la propia Ley originará, de jornada...). Era necesario que todo esto quedase acordado y comprometido al mismo tiempo que la propia Ley. Porque no podía ser de otra manera: la calidad de nuestro sistema educativo, su mejora no puede ir separada de la mejora de las condiciones de trabajo y de la consideración social de quienes día a día lo hacen realidad.Secretaría de Comunicación, F.E. CC.OO.