
La reforma de la Constitución que impulsan PSOE y PP para impedir el déficit público implica la aceptación por el sistema político del control ideológico y material de la acción de gobierno por el capital financiero organizado a escala global. Es una medida que sigue colocando en segundo lugar, lo que debe ser la prioridad entre las prioridades, el empleo.
El Manifiesto, además de rechazar la reforma, exige la convocatoria de un referéndum, al considerar que la forma en la que se quiere adoptar esta modificación implica una actitud inequívocamente antidemocrática, que rompe el pacto constituyente que dio origen a nuestra constitución y busca expresamente que no se pueda producir la participación popular a través de un referéndum.