Nota de prensa. CC.OO., CSI-CSIF y de UGT elaboraron a primeros de este año un documento que se tituló *Por un Estatuto Docente* con un claro objetivo: negociación en paralelo al desarrollo de la nueva LOE
Las Federaciones de Enseñanza de CCOO, CSI-CSIF Y UGT han iniciado una ronda de contactos con los partidos políticos de las cámaras legislativas para impulsar el Estatuto DocenteLas Federaciones de Enseñanza de CC.OO., CSI-CSIF y de UGT elaboraron a primeros de este año un documento que se tituló *Por un Estatuto Docente* con un claro objetivo: que su negociación fuera en paralelo al desarrollo de la nueva Ley Orgánica de Educación. Las tres organizaciones sindicales llevaron a cabo una campaña publicitaria en todas las Comunidades Autónomas para llegar a los centros docentes y a la sociedad en general. El texto recogía la necesidad de adaptar la normativa general de los funcionarios a las particularidades de la labor docente a través de un Estatuto propio con rango de Ley.La descentralización del sistema educativo, la dispersión y fragmentación de las normas que regulan la profesión docente, unido a las transformaciones sociales y educativas de los últimos años, son sólo algunas de las razones que fundamentan esta demanda. Es necesaria una actualización de la figura del docente y de la normativa que regula su vida y actuación profesional.El Anteproyecto de la LOE ha iniciado ya sus trámites administrativos para llegar a ser la nueva normativa que regule nuestro Sistema Educativo; sin embargo el ritmo del Estatuto, por motivos desconocidos, está por definirse : todavía no contamos con un anteproyecto. No queremos una demora en este asunto, ni desaprovechar una oportunidad histórica para cristalizar un proyecto demandado históricamente por todo el colectivo de docentes. José Campos, Ricardo Santos y Carlos López, secretarios generales de las federaciones de enseñanza de CC.OO, CSI-CSIF y UGT, respectivamente, ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos políticos del Congreso y del Senado para buscar canales parlamentarios que permitan llegar a una fórmula jurídica que regule el conjunto de derechos y deberes del personal de la enseñanza pública. Además de definir los perfiles profesionales adecuados para el servicio público educativo, debe establecer tanto las obligaciones que se contraen con él como las condiciones en las que se desempeña la profesión. Su contenido será de carácter básico para todo el Estado, siendo el marco de referencia para los que posteriormente puedan elaborar las comunidades autónomas.Secretaría Comunicación, F.E. CC.OO.
