CCOO afirma que, excepto el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, el resto de los ministerios no cumplen adecuadamente con el mandato constitucional del derecho a la negociación colectiva, especialmente el de Función Pública, pero tampoco el de Educación o el de Sanidad.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, denuncia los problemas de interlocución con los ministerios con los que se negocian las condiciones laborales del personal que atiende los servicios públicos. “Más de tres millones de trabajadoras y trabajadores, entre ellos el personal sanitario, el docente o el que atiende las prestaciones en el SEPE o en la Seguridad Social, exigen negociar el refuerzo de las plantillas, la modernización de los equipos o las medidas de protección de la salud, pero se encuentran con muchas dificultades para dialogar. A excepción del Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, el resto de los ministerios del Gobierno desprecian el diálogo social con el personal que atiende los servicios públicos, más esenciales si cabe desde que comenzó la pandemia”.
Mientras con el Ministerio de Trabajo se han alcanzado seis acuerdos este año, entre los que destacan los relativos a los ERTE o el teletrabajo, otros adoptan medidas unilaterales. El ejemplo más reciente es la aprobación del Real Decreto-Ley 29/2020, que regula cuestiones que deberían haber pasado por el ámbito de negociación del personal estatutario de los servicios de salud, sin que este foro haya sido ni siquiera convocado a tal efecto. La Federación de Sanidad de CCOO ha elevado una queja al Defensor del Pueblo por la aprobación de dicho decreto.
Para la Federación de Sanidad de CCOO, el decreto incluye “medidas aprobadas sin diálogo social y que van a permitir movilidad geográfica o funcional del personal sanitario, alterando los derechos recogidos en el Estatuto Marco, o la contratación de profesionales sin la titulación necesaria, con contratos precarios y abaratando la mano de obra en el sector, lo contrario a lo que se aconseja desde todas las instituciones europeas”.
Respecto a Educación, la Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que el Ministerio da la callada por respuesta ante la demanda de negociación por parte del sindicato. Tras más de cuatro meses sin celebrarse ningún encuentro, se convocó el pasado 28 de septiembre a los representantes del profesorado con un tono meramente informativo y sin intención de llegar a acuerdo alguno. CCOO exige que se normalice el funcionamiento de la negociación y se aborden procesos de diálogo reales para resolver los problemas de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza y de todo el sistema educativo, máxime en un momento como el actual.
Algo similar ocurre con el resto de los servicios públicos, como los gestionados por la Administración General del Estado. Para CCOO, el sindicato mayoritario en todas las Administración Públicas, es evidente que hay que negociar el refuerzo de las plantillas, como en el caso urgente del SEPE o la Seguridad Social, pero también todas las condiciones que pueden llevar a un III Acuerdo sobre empleo público, que aborde, desde la negociación, el refuerzo de los servicios públicos y la mejora de sus condiciones laborales y salariales. A su vez, CCOO defiende la necesidad de negociar cómo canalizar los fondos europeos para la digitalización y modernización de las Administraciones.
Desde el sindicato se entiende que los servicios públicos son un sistema muy amplio que afecta a toda la población, y que no solo se trata de asistir a las personas en cuanto a su salud, formación, cuidados y protección en las diversas etapas, sino que están directamente relacionados con el funcionamiento de las Administraciones Públicas que hacen posible la vida en todas las esferas de la sociedad, gestionando necesidades que se requieren para ejercer el derecho constitucional a la ciudadanía. Están presentes en el transporte público, tanto en sus ámbitos ferroviario, marítimo o de gestión concesional pública, como puede ser en la carretera o el sector aéreo.
Además, los servicios públicos guardan una relación directa con la seguridad de las personas a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en la distribución de la correspondencia a través del sistema de Correos universal, en la investigación a través de los institutos públicos, en la gestión de las pensiones, en los servicios penitenciarios, justicia y de suministro de agua. Lo público es un sistema general que hoy carece de la necesaria interlocución en el marco del diálogo social con el Gobierno, lo que debe corregirse de forma inmediata, tal como han defendido siempre desde CCOO.
