Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han denunciado hoy la existencia una ofensiva penal planificada contra el derecho constitucional de huelga y el sindicalismo que, según cálculos de ambos sindicatos, afecta hasta el momento a más de 260 personas para las que el Ministerio Fiscal pide un total de 120 años de cárcel por su participación en huelgas en las que en ningún caso se deduce que haya habido violencia.
Toxo y Méndez han presentado hoy en rueda de prensa un informe que recoge 81 expedientes que afectan a más de 260 personas, para las que el Ministerio Fiscal pide –ya se han producido algunas condenas o, por el contrario, absoluciones – sanciones administrativas y económicas o, en algunos casos, penas mínimas de 3 años de prisión, que implican el ingreso en la cárcel, por su participación en huelgas tanto generales contra las reformas laborales y los recortes en el estado de Bienestar, como sectoriales y de empresas.
Para CCOO y UGT, se trata de un ataque sin precedentes contra el ejercicio del derecho de huelga, que quiebra una larga tradición de 35 años en la que “los trabajadores hemos venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este derecho”. Un ataque que, según remarcó el secretario general de CCOO, responde a una planificación y al objetivo de desanimar y “meter miedo a la gente” para que no participe en las huelgas y, en consecuencia, debilitar a los sindicatos. Así lo demuestra, en su opinión, que ahora, y por primera vez en democracia, se utilice el artículo 315 del Código Penal para agravar las penas de cárcel.
“Se utiliza la figura de coacción al derecho al trabajo”, cuando todos los días se vulnera los derechos de los trabajadores en las empresas sin que tenga ninguna consecuencia. Hay dos varas de medir”, señaló el secretario general de CCOO, quien anunció las iniciativas que han adoptado los sindicatos “para impedir que personas injustamente condenadas ingresen en prisión” y cese la persecución contra personas que ejercen el derecho de huelga; personas contra las que se formulan acusaciones, no por su actuación concreta, sino por la facilidad para identificarlas en muchos casos al tratarse de responsables sindicales.
“Con la participación del presidente y de la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), el 1 de julio en la plaza de madrileña de Callao, se va a celebrar una concentración”, a la que seguirán otras el día 9 de julio en la mayoría de las capitales de provincia, explicó Toxo. Además de esta movilización, los sindicatos también se han dirigido al Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado y al Ministro de Justicia, así como a diversos organismos internacionales para denunciar la ofensiva contra el derecho de huelga y reclamar la adopción de medidas inmediatas para que acabe la criminalización del sindicalismo.
Para CCOO y UGT, se trata de un ataque sin precedentes contra el ejercicio del derecho de huelga, que quiebra una larga tradición de 35 años en la que “los trabajadores hemos venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este derecho”. Un ataque que, según remarcó el secretario general de CCOO, responde a una planificación y al objetivo de desanimar y “meter miedo a la gente” para que no participe en las huelgas y, en consecuencia, debilitar a los sindicatos. Así lo demuestra, en su opinión, que ahora, y por primera vez en democracia, se utilice el artículo 315 del Código Penal para agravar las penas de cárcel.
“Se utiliza la figura de coacción al derecho al trabajo”, cuando todos los días se vulnera los derechos de los trabajadores en las empresas sin que tenga ninguna consecuencia. Hay dos varas de medir”, señaló el secretario general de CCOO, quien anunció las iniciativas que han adoptado los sindicatos “para impedir que personas injustamente condenadas ingresen en prisión” y cese la persecución contra personas que ejercen el derecho de huelga; personas contra las que se formulan acusaciones, no por su actuación concreta, sino por la facilidad para identificarlas en muchos casos al tratarse de responsables sindicales.
“Con la participación del presidente y de la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), el 1 de julio en la plaza de madrileña de Callao, se va a celebrar una concentración”, a la que seguirán otras el día 9 de julio en la mayoría de las capitales de provincia, explicó Toxo. Además de esta movilización, los sindicatos también se han dirigido al Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado y al Ministro de Justicia, así como a diversos organismos internacionales para denunciar la ofensiva contra el derecho de huelga y reclamar la adopción de medidas inmediatas para que acabe la criminalización del sindicalismo.
