CCOO considera que no se puede pedir que todos los esfuerzos sigan recayendo en las plantillas de personal, en el alumnado y sus familias.
En las reuniones que está celebrando el Ministerio de Universidades con los diferentes actores de la comunidad universitaria y, en concreto, en las que participa CCOO (las dos últimas se han celebrado el 13 y el 18 de octubre), el sindicato ha criticado que el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no contemple una memoria económica específica, explícita y suficiente que garantice los gastos que necesariamente conllevan la adaptación y estabilización de las plantillas para cumplir con la erradicación de la precariedad del profesorado universitario. Tampoco se observa una política proactiva para revertir los recortes sufridos en la última década, de más de 1.400 millones de euros. Así, no será posible la modernización de la Universidad española, la dignificación de las condiciones laborales de su plantilla o el acceso de todos los ciudadanos y las ciudadanas a la educación superior en equidad, con la disminución drástica o la gratuidad de precios públicos.
El incremento presupuestario planteado por el Ministerio, de 2.200 millones de euros en los próximos 10 años, es claramente insuficiente y nos aleja cada vez más de la inversión media de la Unión Europea y de la OCDE en Educación Superior. Debemos hacer entender a los gobiernos, central y autonómicos, que la Universidad pública es prioritaria para el establecimiento y consolidación del cambio del modelo productivo. Con la financiación planteada en la LOSU, la Universidad pública no conseguirá salir de la situación de emergencia en la que se encuentra, como se refleja en los informes del Observatorio de la Financiación Pública de la Asociación Europea de Universidades.
Respecto al Personal Docente e Investigador (PDI), temática abordada en la reunión del 13 de octubre, CCOO ha reclamado al Ministerio lo siguiente:
1. Instaurar una auténtica carrera académica vertical y horizontal. Vertical con promoción interna como en el resto de las administraciones públicas y organismos públicos de investigación; y horizontal mediante la negociación colectiva. Además, se debe contemplar una reforma de la estructura salarial, actualizando el RD de Retribuciones del profesorado universitario funcionario (RD 1086/1989), que no ha sido modificado en los últimos 32 años, desde su publicación. Es fundamental que se incluya la modificación de niveles (29 TU y 30 CU) y que se permita que las comunidades autónomas puedan incrementar los salarios a través del complemento específico, aparte de los complementos individuales.
2. Establecer planes específicos de estabilización y regularización para profesorado precario: asociado, visitante, sustituto, con una duración quinquenal. En este sentido, se debe contemplar la eliminación de la tasa de reposición.
3. Asegurar, en las disposiciones transitorias, los derechos y posibles transformaciones que afectan a las figuras actuales de PDI laboral que cambian o se eliminan en la LOSU:
Profesorado ayudante doctor. No será necesario que agoten la duración máxima de su contrato si tienen previamente una acreditación que les permita el acceso a una figura estable. Para el actual profesorado ayudante doctor acreditado, dicha acreditación debe tener una duración indefinida y deben convocarse a la mayor brevedad posible plazas de estabilización.
Profesorado contratado doctor y contratado doctor interino acreditado. Acreditación imperecedera y transformación automática a la nueva figura de profesorado laboral contratado permanente. En ningún caso la transformación puede empeorar sus condiciones laborales ni contar para tasa de reposición. Además, deben abordarse procesos específicos de funcionarización.
Profesorado titular de escuela universitaria, catedráticos de escuela universitaria y profesorado colaborador. Mantener la redacción actual de la LOU para estos colectivos.
4. Eliminar el requisito de estancia de nueve meses en otro centro para el PDI con cualquier contrato previo a la publicación de la LOSU.
5. Recuperar la figura de ayudante o definir otra de contratado predoctoral, donde podría ser incluido el profesorado asociado no doctor.
6. Configurar en la LOSU la figura de profesorado contratado permanente y no dejar su creación a la voluntad de las comunidades autónomas.
7. Eliminar la figura de profesor distinguido, puesto que ya existe la figura de investigador distinguido en la Ley de la Ciencia y, por tanto, es redundante.
8. Regular con precisión la coordinación entre las distintas agencias de acreditación regionales y la ANECA, así como modificar los actuales criterios de acreditación nacional para permitir los procesos de estabilización, funcionarización y promoción del profesorado universitario de acuerdo con la propuesta que emana del preámbulo y del articulado de la Ley. Entendemos que es el Ministerio quien tendría que establecer los criterios y las agencias actuarían como órgano técnico y de asesoramiento.
9. Abrir la posibilidad de concursos de movilidad también para profesorado contratado indefinido. Establecer la posibilidad inmediata de movilidad en casos de violencia de género.
10. Contemplar el reingreso al servicio activo tras excedencia en todos los supuestos contemplados en el EBEP.
11. Dedicación máxima de horas presenciales del profesorado no superior a las 180 horas.
12. Eliminar la Disposición Adicional Séptima. Funciones de tutoría en las universidades no presenciales.
El Ministerio de Universidades apuesta por llegar a una inversión del 1% del PIB en la próxima década, mientras que la media actual se sitúa entre el 1,25% en la UE y el 1,35% en la OCDE, y sus objetivos son llegar en 2030 al 2% del PIB de inversión en Educación Superior y al 3% en Investigación.
¿Podemos seguir manteniendo una Universidad pública de calidad infrafinanciada crónicamente? En CCOO consideramos que no se puede pedir que todos los esfuerzos sigan recayendo en las plantillas de personal, en el alumnado y sus familias. Es necesario que los responsables políticos lleguen a acuerdos plurianuales de financiación estructural de las universidades públicas en consonancia con la posición que ocupa España en la UE.