La Plataforma Estatal por la Escuela Pública vuelve a salir hoy a la calle. Habrá movilizaciones en gran parte de las ciudades del territorio estatal. Madres y padres, alumnado y profesorado volverán a marchar y a gritar en defensa de la calidad de la escuela pública. La comunidad educativa vuelve a movilizarse y, sin embargo, esta vez lo hace en un contexto en el que las cifras macroeconómicas del Gobierno incitan al optimismo. ¿Por qué?, ¿cuáles son las razones de su enfado?
1. En 2013, el ministro Wert publicó su ley educativa. Su ley, y la de nadie más. Con la excepción del PP, a ella se opusieron todos los partidos políticos y la comunidad educativa en su conjunto, que llenó las calles de proclamas de “no a la LOMCE”. Tal fue el clamor popular y político contra esta ley que el PP optó por congelar las reválidas de final de etapa de ESO y Bachillerato (Real Decreto-Ley 5/2016) y vincularon su paralización a la negociación de un Pacto de Estado por la Educación que finalmente no ha sido tal. Por tanto, la LOMCE no solo sigue vigente, sino que, además, con el riesgo sobre la mesa de que el PP decida reactivar sus aspectos más polémicos.
2. Durante la crisis económica, y alegando una coyuntura económica negativa, el Gobierno del PP publicó dos reales decretos ley que “racionalizaban el gasto público”. En la práctica, estos suponían un empeoramiento de la calidad de la educación y de las condiciones laborales de los y las docenes: aumentó la ratio de alumnos/as por aula, seincrementó la jornada lectiva del profesorado, se redujo el salario ante bajas laborales del profesorado y, entre otras, se limitó la tasa de reposición, avocando a miles de interinos/as a la precariedad laboral. Nuevamente, estos reales decretos-ley siguen vigentes, a pesar de que se sustentaron en unas coyunturas económicas que, con un crecimiento esperado superior al 3% del PIB, ya no son tales.
3. Algunos partidos políticos siguen día sí, día también, poniendo sobre la mesa ingenios que responden más a sus intereses estratégicos que a un intento sincero de mejorar la calidad educativa. Ilustrativa es la propuesta de Ciudadanos, que, en plena negociación del Pacto Educativo, registró una propuesta de ley a través de la cual quería modificar radicalmente el modo de acceso a la función docente a través de un MIR educativo, y lo hacía sin intercambiar una palabra ni con la comunidad educativa ni con sus trabajadores y trabajadoras, que son los sujetos pasivos de la propuesta. Tan solo un mes antes, el PP pretendió, nuevamente por la vía del real decreto, casi triplicar el número de temas que las personas aspirantes a profesores y profesoras deberían estudiar en la oposición en un momento en el que se prevé la convocatoria de más de 150.000 plazas en los próximos tres años. Ambos partidos eran conscientes de que ninguna de las dos propuestas saldría adelante, pero su necesidad de presentarse como partido de Gobierno el uno, y alternativa propositiva el otro, les empuja a estos gestos que solo contribuyen al malestar y al desprestigio de las personas que trabajan en la enseñanza.
4. La educación está infrafinanciada y, como resultado, empeora la calidad y el gasto de las familias se dispara para compensarlo. De los años 2009 a 2016, el gasto público en porcentaje del PIB ha pasado de casi el 5% al 4,2%, y, si el Gobierno cumple con la hoja de ruta declarada, descenderá al 3,7% probablemente en los próximos presupuestos. Sin embargo, el tratamiento no ha sido el mismo en todos los centros educativos: mientras el gasto educativo global se desplomaba, los conciertos educativos resistían con mucha solvencia a la crisis. Y, claro, esto las familias lo pagan. El resultado es que el gasto de los hogares en educación pasó de 8.084 millones de euros en 2005 a 11.863 en 2015.
5. En las Universidades la cosa no pinta mejor. Ninguna de las demandas clásicas de las asociaciones de estudiantes mayoritarias han sido escuchadas. La reducción de becas (un 7,8% en todas las administraciones educativas si comparamos el curso escolar 2011/12 y 2015/16), el aumento de las tasas universitarias, la implantación de grados de 3 años y másteres de dos, etc. siguen generando trabas económicas para estudiar.
Existen razones de sobra para que la comunidad educativa esté en pie de guerra. Todo indica que el sector no se está beneficiando en absoluto de la recuperación macroeconómica. O dicho de otra manera: la comunidad educativa va a tener, una vez más, que pelearse para que los beneficios del crecimiento económico repercutan en la educación y el progreso social.
