Las próximas reuniones se celebrarán los días 5, 9 y 12 de marzo
El 26 de febrero se ha producido un nuevo encuentro para seguir avanzando sobre la recuperación de los derechos de negociación colectiva de tres millones de empleadas y empleados públicos.
CCOO, junto con UGT y CSIF, ha mantenido el 26 de febrero una nueva reunión con la Secretaría de Estado de Función Pública para proseguir las conversaciones sobre las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores públicos.
En esta reunión se ha seguido avanzando en el trabajo que viene acometiéndose para la reposición de los derechos de negociación colectiva, arrebatados por el Gobierno con la excusa de la crisis económica.
“Se ha avanzado sobre condiciones de trabajo como jornadas, incapacidad temporal para la recuperación del 100% en casos de enfermedad y planes de igualdad”, ha declarado Pepe Fernández, coordinador del Área Pública de CCOO.
En este clima, se ha acordado la prórroga de las negociaciones, de forma que el próximo 5 de marzo se trate sobre las retribuciones, ampliándose a los días 9 y 12 de marzo el resto del proceso negociador.
CCOO considera que se ha dado un paso más por parte del Gobierno, que crea condiciones para seguir trabajando por un buen acuerdo para las empleadas y empleados públicos. En las próximas reuniones, el sindicato volverá a poner de manifiesto sus demandas en defensa de los aproximadamente tres millones de empleadas y empleados públicos:
• Incremento salarial superior al IPC, recuperación del 5% recortado en 2010, reconocimiento de la deuda por la pérdida de poder adquisitivo —superior al 14% desde 2010— y una cuantía adicional en los Presupuestos Generales del Estado para los sectores y Administraciones con mayor devaluación salarial, especialmente en la Administración General del Estado.
• Firmar el II Acuerdo para la mejora del empleo público que permita la universalización del proceso de estabilización y rebaje al 8% la temporalidad en todos los servicios. Y eliminar la tasa de reposición para que se inicie la recuperación del empleo público perdido, que desde el inicio de la crisis se cifra en más de 300.000 puestos de trabajo.
• La recuperación de la negociación colectiva en todos los ámbitos, lo que implica eliminar el carácter básico de algunos normas que impide que se pueda negociar en las diferentes Administraciones la jornada laboral, la carrera profesional, la recuperación del 100% de la cobertura por Incapacidad Temporal, fondos de acción social y formación, entre otros derechos.