En el encuentro se evidenció la necesidad de desarrollar las disposiciones al respecto recogidas en los Presupuestos Generales de 2023.
Tal y como estaba previsto en el calendario de trabajo para el desarrollo del acuerdo, este miércoles, 25 de enero, ha tenido lugar la primera reunión del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, en materia de igualdad de género en las Administraciones Públicas.
En este encuentro, se evidenció el principio de desarrollo del acuerdo a través de las disposiciones ya recogidas en la disposición final vigesimocuarta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que modifica el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge, entre otras cuestiones, lo siguiente:
El Plan de Igualdad será objeto de negociación y, en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su cumplimiento será evaluado con carácter anual.
Por este motivo, ahora la negociación del Plan de Igualdad con la parte social es de obligado cumplimiento.
La administración informó que ya está desarrollando el documento del Registro de Planes de Igualdad en las AAPP en cuatro niveles:
Administración general del Estado.
Administración Local.
Comunidades Autónomas.
Otros organismos públicos.
Está previsto que dicho registro esté para finales de febrero o principios de marzo, como se recoge en la disposición acordada en los PGE, donde dice:
En el plazo de 3 meses se creará un Registro de Planes de Igualdad, adscrito al departamento con competencias en materia de función pública, al que deberán remitir las distintas Administraciones Públicas sus planes de igualdad, así como sus protocolos que permitan proteger a las víctimas de acoso sexual y por razón de sexo, para un mejor conocimiento, seguimiento y transparencia de las medidas a adoptar por todas las Administraciones Públicas en esta materia.
Desde la parte social, concluimos que son necesarios reglamentos y normativas que obliguen a las administraciones a tener planes de igualdad negociados, cumpliendo un mínimo de requisitos que entendemos imprescindibles para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres, tomando como referencia los Reales Decretos 901/ 902.
También consideramos que es necesario crear la figura de delegado o delegada de Igualdad en todas las AAPP, y propiciar el establecimiento de un espacio de igualdad y administraciones públicas. La próxima reunión será el próximo miércoles, 1 de febrero.
