La Federación de Enseñanza de CCOO viene constatando que la Consejería de Educación oculta plazas vacantes que deben ofertarse en el Concurso de Traslados docente, las hemos reclamado y los tribunales nos han dado la razón.
La movilidad del profesorado de la enseñanza pública se rige por el Concurso General de Traslados estatal y autonómico. Para ello las distintas administraciones publican los listados de vacantes disponibles de cada especialidad y en cada centro escolar. Esas plazas vacantes derivan de las nuevas creaciones, jubilaciones y fallecimientos en plazas que no se hayan suprimido previamente por falta de alumnado u otras circunstancias.
La realidad es que, año tras año, la Consejería de Educación de CyL esconde algunas de esas plazas, sin motivo justificado, y el profesorado que participa en el concurso no tiene posibilidad de optar a ellas, lo que reduce sus posibilidades de acercarse al destino elegido y supone una menor estabilidad del profesorado en esos centros afectados, pero fundamentalmente se le están restringiendo sus derechos.
CCOO ha venido reclamando esos puestos a la administración sin éxito. Por tanto, y como en muchas otras ocasiones, nos vemos abocados a acudir a la vía judicial. Una vía que siempre preferimos evitar por los costes económicos y de recursos humanos que supone para el propio sindicato, pero también para la administración, que somos todos, especialmente cuando pierde los juicios y se la condena en costas.
En esta ocasión, respecto al Concurso del curso 2021-22, la justicia nos ha vuelto a dar la razón en primera instancia en el contencioso administrativo que interpusimos por este motivo. Debemos esperar a que la sentencia sea firme, para pedir su ejecución. La mala praxis de la Consejería de Educación es la que provoca que CCOO se vea obligada a acudir a los tribunales, con las consecuencias que esto pueda conllevar.
Por tanto, desde CCOO exigimos a la Consejera de Educación, como máxima responsable, que abandone este proceder, que cumpla con la normativa existente y con su deber como servidora pública, que no es otro que “velar escrupulosamente por los recursos que aporta la ciudadanía”, de modo que reviertan en su beneficio.
