Desde CCOO hacemos un llamamiento al compromiso de la comunidad educativa, sindicatos y a la ciudadanía en general, para trabajar con la Administración local con el fin de facilitar la protección de la infancia y construir una convivencia ejemplar respetando la dignidad humana.
La Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado recoge, en su apartado 4.7, que a 31 de diciembre de 2018 figuraban inscritos un total de 13.796 menores bajo tutela o acogimiento de los servicios de protección en España. Debemos preguntarnos si los centros, inadecuados por problemas de edificabilidad, masificados, con colchones por los suelos donde duermen dos o tres niños, con la misma dotación presupuestaria para alimentación si comen 60 o comen 120, son las mejores condiciones de acogida y protección de la infancia a la que estamos obligados.
Debemos exigir a las administraciones públicas que nuestro sistema de protección sea real y efectivo, acorde con los principios rectores sobre protección de menores no acompañados, para no dañar sus intereses, protegerles y tener en cuenta el interés superior de los menores, tener su consentimiento bien documentado para cualquier acción que les concierna, y mantener la confidencialidad, la no discriminación y la no devolución.
Miles de adolescentes y jóvenes, en necesidad de protección, aguardan un futuro incierto en nuestro país y desde FECCOO queremos contribuir, en la medida de lo posible, a mejorar la vida de estos chicos y chicas, para que puedan continuar estudiando o puedan tener acceso al mercado laborar para normalizar sus vidas.
El deber de la comunidad educativa es tener un currículo que realmente ofrezca oportunidades para afrontar los retos del conocimiento, pero también de la convivencia y de la construcción de sociedades democráticas y justas.
Proteger a los y las menores no acompañados y separados para garantizar su derecho a la educación, hacer frente a su particular vulnerabilidad y discriminación, resguardarles de todas las formas de violencia y facilitarles el acceso a soluciones sostenibles que tengan en cuenta su interés superior, como recoge el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (AG, Res/73/195 de 19 de diciembre de 2018), exige de una vez por todas su escolarización reglada y no solamente acceso al aprendizaje de la lengua o a distintos cursos en educación no formal e informal.
Desde CCOO hacemos un llamamiento a la comunidad educativa, sindicatos –incluidos los de estudiantes–, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general a trabajar juntamente con la Administración local para facilitar la protección de la infancia (“un niño o una niña es un niño o una niña en cualquier lugar o circunstancia”) y construir una convivencia ejemplar respetando la dignidad humana.
Ayudar y acoger a todos estos adolescentes y jóvenes migrantes y refugiados es trabajar por un clima de convivencia, de solidaridad; pero, si pensamos egoístamente, también rescatar el talento de todas estas personas que llegan a nuestro país, de todos estos adolescentes y jóvenes con ganas de desarrollar sus potencialidades, es también pensar en el desarrollo económico y social de nuestros municipios y pueblos, y que va en beneficio de toda la población.
Debemos seguir trabajando para que las fronteras sean espacios de oportunidades de aprendizaje, de acercamiento mutuo, de acogida y de crecimiento democrático. El reto que se nos presenta va dirigido al propio sistema educativo y al profesorado, que también es clave para garantizar el derecho a la educación, para ofrecer oportunidades reales de inclusión en los centros escolares y en el sistema a todos estos adolescentes, jóvenes, niños y niñas.
