Los empresarios de los centros de la enseñanza privada han presentado a la Comisión de Conciertos Educativos de Castilla y León, la solicitud de subvención de 131 nuevas unidades, que se vendrían a sumar al resto de las ya existentes.
La Federación de Enseñanza de CCOO de CyL vigilará que, tanto las unidades que ahora se solicitan, como las ya concedidas el curso pasado, cumplan con la normativa en lo que se refiere al número de alumnos matriculados.
CCOO seguirá denunciando el desequilibrio existente entre la red pública y la privada, respecto al que había en el momento de producirse las trasferencias educativas, ya que a pesar de las recomendaciones del Consejo Escolar de CyL y del Procurador del Común, la Administración regional no ha tomado medidas para reequilibrar el reparto del alumnado con necesidades educativas especiales y del alumnado inmigrante.
CCOO defenderá el criterio de ese mismo Consejo Escolar, que ha recomendado a la Junta que no financie colegios privados cuando esa demanda de escolarización pueda ser cubierta por centros públicos.
CCOO quiere insistir, además, en la desigual repercusión de los recortes presupuestarios de los cuatro últimos años, entre la enseñanza pública y la privada sostenida con fondos públicos. (El propio director de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, reconocía recientemente que los recortes han llegado más tarde a este último sector). La evolución al alza en la demanda de enseñanza pública, que se debería, en parte, a las dificultades de las familias para pagar en la concertada las aportaciones voluntarias, y las cuotas de actividades extraescolares, se habría intentado compensar por parte de la Administración regional, con dinero público, salvaguardando así intereses privados de tipo económico e ideológico.
Por otro lado, y adelantándose a la LOMCE, que dispensa a las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes, especialmente en las zonas de nueva población, el ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), y dado que la Junta de Castilla y León no había construido el Instituto público que tenía comprometido (en una localidad de 20.000 habitantes), cedió suelo a un colegio del Opus que intentó que se le concertase, antes incluso de construirlo.
El proyecto se suspendió porque no era posible legalmente tener el concierto en esas condiciones y porque tampoco había la matrícula necesaria. Sin embargo, un año después, dicho centro privado, que sigue sin iniciar las obras, vuelve a la carga, solicitando para el curso académico 2014-2015, el concierto de 5 unidades en las etapas de Infantil (2º ciclo) y Primaria, sin tener, a fecha de su solicitud, y como es preceptivo para poder ser concertado, ningún alumno en matrícula.
La Federación de Enseñanza de CCOO de CyL vigilará que, tanto las unidades que ahora se solicitan, como las ya concedidas el curso pasado, cumplan con la normativa en lo que se refiere al número de alumnos matriculados.
CCOO seguirá denunciando el desequilibrio existente entre la red pública y la privada, respecto al que había en el momento de producirse las trasferencias educativas, ya que a pesar de las recomendaciones del Consejo Escolar de CyL y del Procurador del Común, la Administración regional no ha tomado medidas para reequilibrar el reparto del alumnado con necesidades educativas especiales y del alumnado inmigrante.
CCOO defenderá el criterio de ese mismo Consejo Escolar, que ha recomendado a la Junta que no financie colegios privados cuando esa demanda de escolarización pueda ser cubierta por centros públicos.
CCOO quiere insistir, además, en la desigual repercusión de los recortes presupuestarios de los cuatro últimos años, entre la enseñanza pública y la privada sostenida con fondos públicos. (El propio director de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, reconocía recientemente que los recortes han llegado más tarde a este último sector). La evolución al alza en la demanda de enseñanza pública, que se debería, en parte, a las dificultades de las familias para pagar en la concertada las aportaciones voluntarias, y las cuotas de actividades extraescolares, se habría intentado compensar por parte de la Administración regional, con dinero público, salvaguardando así intereses privados de tipo económico e ideológico.
Por otro lado, y adelantándose a la LOMCE, que dispensa a las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes, especialmente en las zonas de nueva población, el ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), y dado que la Junta de Castilla y León no había construido el Instituto público que tenía comprometido (en una localidad de 20.000 habitantes), cedió suelo a un colegio del Opus que intentó que se le concertase, antes incluso de construirlo.
El proyecto se suspendió porque no era posible legalmente tener el concierto en esas condiciones y porque tampoco había la matrícula necesaria. Sin embargo, un año después, dicho centro privado, que sigue sin iniciar las obras, vuelve a la carga, solicitando para el curso académico 2014-2015, el concierto de 5 unidades en las etapas de Infantil (2º ciclo) y Primaria, sin tener, a fecha de su solicitud, y como es preceptivo para poder ser concertado, ningún alumno en matrícula.
