Los empresarios de enseñanza privada piden a la Junta 188 nuevos conciertos

CCOO denuncia que mientras la Junta concede conciertos innecesarios, y con un público selecto, la Escuela Pública gana alumnos y pierde profesorado

Los empresarios de los centros de la enseñanza privada han presentado a la Comisión de Conciertos Educativos de Castilla y León, que se reúne el jueves día 26, la solicitud de subvención de 188 nuevas unidades, que se vendrían a sumar al resto de las ya existentes. Es significativo que el curso pasado las solicitudes fueran “sólo” 131.

La Federación de Enseñanza de CCOO de CyL vigilará que, tanto las unidades que ahora se solicitan, como las ya concedidas el curso pasado, cumplan con la normativa en lo que se refiere al número de alumnos matriculados y volverá a denunciar los casos en los que la Junta de Castilla y León concede la unidad de concierto sin alcanzar dicha ratio.

CCOO seguirá denunciando que, a pesar de las recomendaciones del Consejo Escolar de CyL y del Procurador del Común, la Administración regional no ha tomado medidas para reequilibrar el reparto del alumnado con necesidades educativas especiales y del alumnado inmigrante.

CCOO defenderá el criterio de ese mismo Consejo Escolar, que ha recomendado a la Junta que no financie colegios privados cuando esa demanda de escolarización pueda ser cubierta por centros públicos. Un estudio de CCOO demostró que el curso pasado existían 16.781 plazas vacantes de Infantil y Primaria (tomando como referencia un máximo de 25 alumnos por aula) y 8004 de ESO en centros públicos.

CCOO quiere insistir, además, en la desigual repercusión de los recortes presupuestarios de los cinco últimos años, entre la enseñanza pública y la privada sostenida con fondos públicos. La evolución al alza en la demanda de enseñanza pública,(2033 alumnos más en el curso 2013-2014 según el Ministerio de Educación) y la reducción de la matriculación en la escuela privada (1385 alumnos menos según dichas fuentes) que se debería, en parte, a las dificultades de las familias para pagar en la concertada las aportaciones voluntarias, y las cuotas de actividades extraescolares, se habría intentado compensar por parte de la Administración regional, con dinero público, salvaguardando así intereses privados de tipo económico e ideológico.