La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha comunicado recientemente a la FECCOOCyL la firmeza de la sentencia por la que se estimó la demanda de conflicto colectivo contra la Universidad de Burgos, la Universidad de León y la Universidad de Salamanca, para que las tres universidades reconociesen el derecho del personal de administración y servicios contratado temporalmente vinculado al desarrollo de proyectos y contratos de investigación de las entidades demandadas a percibir el mismo incremento salarial que el resto de los empleados públicos para el año 2023.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad dice literalmente en su fallo “declaramos el derecho del personal de administración y servicios contratado temporalmente vinculado al desarrollo de proyectos y contratos de investigación de las entidades demandadas a percibir el incremento salarial para el año 2023 previsto en la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y Ley 3/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023 con todos los electos legales, condenando a la Universidad de Burgos, Universidad de León y Universidad de Salamanca”.
Las universidades anunciaron la interposición de recurso de casación ordinaria contra la Sentencia, pero finalmente no lo formalizaron. Una vez pasado el correspondiente plazo, la sala acordó poner fin al trámite de recurso y declaró la firmeza de la sentencia de 29 de noviembre de 2024.
Una vez declarada la firmeza de la sentencia y comunicada la resolución a las partes, las universidades tienen un plazo de dos meses para ejecutarla. Teniendo en cuenta que se le comunicó a la FECCOOCyL la resolución el pasado 21 de febrero, las universidades deberán pagar los atrasos correspondientes a los incrementos retributivos de 2023 y 2024 antes del 21 de abril de 2025.
Seguiremos informando.
