La gratuidad de la educación de 0 a 3 años satisface una antigua reivindicación de muchos colectivos sociales, sindicatos y asociaciones de familias. Con ello, se garantiza el derecho a la educación desde los primeros años, independientemente del nivel de renta de los tutores, y se posibilita el desarrollo integral del alumnado. Además, en fechas cercanas al 8M no podemos dejar de señalar que estas medidas facilitan el acceso al mercado laboral y al ocio de las personas que, en general, más tiempo consagran a los cuidados familiares, las mujeres.
Sin embargo, en Castilla y León, especialmente en Valladolid, esta medida se ha convertido en un instrumento para favorecer los intereses económicos e ideológicos de la enseñanza privada-subvencionada, relegando a la escuela pública a un papel secundario y marginal. Apenas el 25% de las plazas ofertadas para esta etapa son de titularidad pública. Este porcentaje roza el escándalo en la ciudad de Valladolid donde solo 19 centros de titularidad pública (apenas, 7 colegios) podrán ofertar plazas de 2 a 3 años el próximo curso frente a 60 concertados y privados, de los cuales 25 son centros religiosos. El gobierno de nuestra Comunidad y su representación en las Direcciones Provinciales actúan así como caballo de Troya al servicio de la escuela privada y concertada, a quien volverán a regar generosamente con dinero público.
La Consejería de Educación ha convertido el proceso de extensión de la gratuidad en un proceso difícil y oscuro. Ha jugado con unos plazos inasumibles. Se han negado las inversiones necesarias para que los colegios de titularidad pública pudieran hacer reformas para ofertar más plazas de primer ciclo de Educación Infantil. Además, se ha dejado fuera a centros públicos que tienen una baja matrícula de alumnado y que contaban con espacios preparados, sin siquiera una explicación.
La gravedad de esta agresión es que sus consecuencias serán también nefastas para las siguientes etapas de la educación pública. El artículo 3 de la ORDEN EDU/95/2022 explicita que “el acceso a una escuela infantil para cursar enseñanzas de primer ciclo garantizará el derecho a permanecer en la misma hasta la finalización de dichas enseñanzas”. Esto quiere decir que el ingreso a la educación infantil garantiza una plaza en las enseñanzas posteriores, lo que bajará aún más las ratios en los centros públicos. Por tanto, la aplicación de esta medida, con los porcentajes de reparto arriba descritos conduce a un auténtico cambio de paradigma en la relación de fuerzas entre la enseñanza pública y la privada-concertada. El gobierno de Castilla y León incurre en un trato de favor a la enseñanza privada-concertada.
Ante esto, las organizaciones que formamos el MEPLYG exigimos a la Consejería de Educación de Castilla y León que corrija esta situación de forma inmediata, que se hagan las inversiones necesarias para que todos los colegios públicos puedan ofertar plazas del primer ciclo de enseñanza infantil. Exigimos también revisar la ORDEN EDU/95/2022 para evitar dar prioridad en la entrada en los estudios de segundo ciclo de infantil a aquellos que estén escolarizados en la etapa 0-3 años.
En definitiva, exigimos que se cumpla la nueva Ley de Educación (Disposición adicional tercera): “el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan [...] para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su carácter educativo.” La educación pública, laica y gratuita, es un derecho de todas las familias y, es además, la única garantía para cumplir con los valores de igualdad, libertad y respeto a la diversidad.
