- Rechaza la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se regulan las evaluciones
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública (CCOO, STES-i, UGT, CGT, MRP, Sindicato de Estudiantes, FAEST, Estudiantes en Movimiento y CEAPA) se opone a la aprobación de una normativa básica que regulará las reválidas de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y el acceso a la Universidad.
La actual situación política y jurídica deslegitima al Gobierno en funciones para seguir desarrollando la LOMCE, sobre todo en referencia a las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, que han sido los elementos más rechazados de la Ley educativa, máxime cuando el Pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración, el pasado 5 de abril, una proposición de ley para paralizar el calendario de implantación de la LOMCE, con 186 votos a favor.
La Plataforma Estatal por la Escuela pública considera que la evaluación que propone el real decreto no responde a los objetivos que una normativa sobre dicho asunto debería proponer. La prueba diseñada no contiene información sobre capacidades, expectativas, ni intereses del alumnado que puedan contribuir al objetivo razonable de mejorar la orientación. Todos estos elementos, más otros que serían necesarios y que no dependen del propio alumno, deberían tenerse en cuenta para la orientación y el acompañamiento personalizado del alumnado. En lugar de orientar, el resultado de la prueba obliga al alumnado a seguir o no seguir determinadas trayectorias.
El Gobierno no prevé salidas adecuadas para el alumnado que no supere las pruebas. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se desentiende del alumnado que no supere la evaluación final, en ESO y en Bachillerato. La medida visible que propone es la repetición del examen, en sucesivas convocatorias. Pero, además, como alternativa a la preparación de estas pruebas, en solitario o en academias particulares para las que se abre otra vía de negocio, se fuerza a quienes no superen las pruebas y no quieran quedar excluidos del sistema educativo, a aceptar la FPB si se ha suspendido la prueba de ESO o a cambiar hacia la FP si se suspendió la de Bachillerato.
Debe destacarse que estas pruebas permitirán a las Administraciones educativas, mediante la graduación de la dureza de las pruebas para conseguir un porcentaje de suspensos deseados, distribuir porcentualmente al alumnado, bien entre Bachilleratom o FPB, bien entre Universidad y FP. Es un sistema perverso que debe ser eliminado para garantizar el derecho del alumnado a cursar los estudios que se desean y no los que quiera la Administración de turno.
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