El ministró Íñigo Méndez de Vigo ha insistido este miércoles en que Educación va a controlar "el diseño, el contenido y las características" de la prueba final de bachillerato a la que obliga la nueva ley de educación, "para asegurar la igualdad y unidad entre todas las regiones con un marco homogéneo". Las comunidades, en coordinación con sus universidades, se van a centrar en "la ejecución, la fecha, la fijación de tribunales y la evaluación". Este examen, que deberá aprobarse para obtener el título de bachiller (ya no valdrá la nota del centro educativo), entrará en vigor en el curso 2016-2017.
Pero tras reunirse el ministro con el equipo de los rectores, Ángela Barrios, secretaria de estudios estudiantiles de la CRUE, ha rebajado el control del ministerio. "Se va a encuadrar la PAU (Selectividad) dentro de la legalidad, pero la prueba a ser muy similar. Queremos simplificarla al máximo que estos estudiantes ya han vivido tiempos de incertidumbre". También el presidente de los rectores, Segundo Píriz, ha afirmado que la prueba tendrá "una interpretación flexible para que no idéntica".
Como hasta ahora, en la nota final pesará un 60% la calificación de bachillerato y otro 40% esta prueba en la universidad. Y se seguirá puntuando sobre 10 y, aquellos que quieran, pondrán examinarse de más asignaturas más para alcanzar el 14. Además, estarán obligados a demostrar al menos los conocimientos en las troncales, de dos opcionales y una específica.
Méndez de Vigo ha descartado que la prueba sea tipo test como se barajó en un primer momento. Y considera que, aunque la LOMCE abre la vía para que las universidades realicen sus propias pruebas de acceso, la diseñada por ellos "que garantiza el distrito único" cierra esta posibilidad. Su idea es publicar el real decreto de la prueba en las próximas semanas para tranquilizar a las familias que no saben a qué se van a enfrentar sus hijos.
Píriz, rector de la Universidad de Extremadura, no quiso confirmar que ningún campus realizará una prueba: "No puedo anticipar nada. Cada universidad tiene potestad de hacerla, pero creo que la inmensa mayoría se sentirá a gusto con esta prueba que no rompe el distrito único. Nos preocupaba que se posibilitara la discriminación económica. No todo el mundo se puede desplazar por España para hacer las pruebas".
Los rectores reconocen que cuando pidieron una moratoria de un año en la prueba y Educación se negó se abrieron las negociaciones al presentar las universidades muchas consultas. Por ejemplo, que iba a pasar con los alumnos que accedan a la Universidad desde un FP. Las condiciones van a ser las mismas.
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