Tras la reunión mantenida ayer, 7 de octubre de 2020, con el Secretario General de Universidades, los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y CSIF, manifiestan su desacuerdo con el último documento del Anteproyecto de Ley para la reforma de la Ley Orgánica de Universidades.
El borrador presentado ayer viene a empeorar el anterior y no resuelve los problemas de precariedad del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas españolas, en especial de los Profesores Contratados Doctores, Ayudantes Doctores y Asociados.
El Ministerio de Universidades parece no querer establecer la vía de negociación adecuada, con la formalización de la Mesa de Negociación de Universidades.
No entendemos la necesidad de cambiar las figuras actuales contempladas en la LOU, porque el anteproyecto legislativo carece del establecimiento de una carrera académica progresiva, estable y predecible.
No se contemplan planes extraordinarios de estabilización y entrada en la carrera académica del alto número de profesorado precario e inestable de la universidad.
No se ha adjuntado ninguna memoria económica por lo que sin financiación ninguna reforma será posible, máxime cuando la universidad aún está sufriendo las importantes secuelas de las políticas de recortes.
No comprendemos la propuesta de creación de una carrera laboral paralela a la funcionarial como vía definitiva para el personal docente e investigador universitario.
No se contempla la eliminación de la tasa de reposición, sin la cual las universidades tendrán graves dificultades para estabilizar las actuales figuras de profesorado temporal.
CCOO, UGT y CSIF consideran que lo primordial es la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador, y que cuando se avance en esta negociación, se podrá plantear la modificación de la LOU, en aquellos aspectos que puedan ser necesarios. También estiman imprescindible abordar una reforma profunda de las Agencias y los sistemas de evaluación y acreditación del profesorado, de modo que sean públicos, transparentes y objetivos.
CCOO, UGT y CSIF se reservan el derecho de plantear las movilizaciones que sean pertinentes porque estiman que esta legislación es regresiva y persigue reforzar el papel gerencial de las universidades frente a la negociación colectiva.
