Ante las inquietantes noticias aparecidas en prensa en los últimos días (El País, 23 y 24 de octubre de 2024) sobre el inaceptable incremento de fondos públicos para la enseñanza concertada, CCOO reitera su contundente rechazo a esta medida, más cuando desde distintas administraciones públicas se están recortando los fondos destinados a la enseñanza pública y se incrementa la duración de los años de los conciertos educativos.
El sindicato, ya dejó clara esta postura en el documento “Prioridades de CCOO para la Legislatura en Educación”, del 5 de diciembre de 2023, en el que textualmente se recoge:
“En un contexto en el que la mayoría de las administraciones educativas están en manos de organizaciones políticas conservadoras neoliberales, es más necesario que nunca defender la educación pública, garante de cohesión social y de que el bien común se sitúe por encima de los intereses del mercado y del beneficio privado.
Ejemplo claro de lo que estamos diciendo es la desigual desaparición de unidades en Infantil y Primaria entre centros públicos y centros concertados, donde, ante una bajada de alumnado similar, las unidades se suprimen en la red pública y no en la red concertada. Así, mientras el alumnado en CEIP públicos desciende un 7,06% y las unidades de esos mismos centros un 2,51%, en los centros privados-concertados, el alumnado descendió un 7,45% y, sin embargo, las unidades solo descendieron en un casi imperceptible 0,13%. Esto implica que se están protegiendo los intereses económicos de la gestión privada y no a los centros públicos”.
Y continuaba diciendo:
“Desde CCOO seguimos reivindicando que a la educación se destine, al menos, el 7% del PIB. El fortalecimiento del derecho a la educación, así como de la educación pública, donde la equidad, la inclusividad y la calidad deben ir de la mano. Es necesario incrementar la inversión educativa a corto plazo en un 7,41%, un 0,7% de incremento en el gasto público total, que supone un 0,33% del último PIB y un 0,35% del PIB anterior a la pandemia. Es algo completamente razonable, teniendo en cuenta siempre que la educación no es un gasto, sino que es una inversión imprescindible para un buen futuro”.
De igual modo se señalaba:
“La escolarización debe realizarse desde el principio de integración social. Ello requiere que todo el alumnado diverso se matricule de modo equilibrado en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos”.
Sin embargo, la enseñanza concertada lleva incumpliendo la Ley y cobrando cuotas a las familias desde su creación y, a pesar de las múltiples denuncias, no se ha conseguido eliminar esta práctica. Además, buena parte de los centros concertados realiza prácticas ilegales para seleccionar alumnado y no escolariza debidamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y en desventaja social, de ahí que la pública asuma entre el 75% y el 80% de ese alumnado.
De igual manera en el informe de Inicio de curso, 2023-20024, después de demostrar con sólidos datos, como la escuela pública sufría una inaceptable reducción de unidades frente a la escuela concertada, se recogía los siguiente:
“Esto implica que se están protegiendo los intereses económicos de la gestión privada y no a los centros públicos. En definitiva, se está privatizando progresivamente el sistema y los datos son especialmente impactantes en algunos territorios.
Esto se suma a otras estrategias de privatización y adelgazamiento del sistema público en relación con la gestión privada que se están llevando a cabo en otras etapas educativas y que CCOO también ha puesto de manifiesto.
Especial gravedad tiene el caso de la Formación Profesional, como se puede profundizar en el último informe sobre FP elaborado por el sindicato”.
Por todo ello, desde el sindicato se considera, y así se ha planteado en todos los foros en los que se encuentra presente (mesas de negociación, Consejo Escolar del Estado, consejos escolares autonómicos…), que ante esta situación, de claro ataque a la enseñanza pública, son imprescindibles y urgentes medidas globales que aseguren que en todo el territorio se potencia la educación pública como garante de calidad educativa, cohesión social e igualdad de oportunidades para todas y todos.
Después de todo lo dicho, la solución a la falta de financiación de la enseñanza en nuestro país no puede pasar por la ingenua medida de incrementar los fondos públicos que se entregan a las patronales de la enseñanza concertada, que lo único que conseguirían sería incrementar sus márgenes de beneficio, sin repercusión alguna sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector. Más cuando el sueldo del profesorado de la enseñanza concertada se realiza mediante “pago delegado” y cuyas condiciones laborales, al igual que las del resto de trabajadoras y trabajadores del sector, serán siempre defendidas por CCOO, como sindicato de clase alejado de planteamientos corporativos.
Por todo ello, CCOO será muy beligerante si al final se confirma, con fuentes oficiales, el incremento de fondos para la enseñanza concertada, mientras que la escuela pública y sus trabajadores y trabajadoras son los grandes olvidados, tanto por gobiernos conservadores como por aquellos que se definen como “progresistas”.
