La comunidad universitaria está altamente preocupada sobre la evolución de las políticas en materia de investigación.
La investigación ha sido uno de los elementos sacrificados a raíz de la crisis financiera. La inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado ha caído en el período 2009-2016 en un 33%, siendo la caída más acusada en la inversiones reales y menor en los créditos financieros, que son las vías de financiación destinadas a empresas, por lo que la situación es aún peor en la universidad.
Este problema se agrava porque se continúa ligando la investigación al rendimiento inmediato y no al enriquecimiento que produce la propia generación de conocimiento en el profesorado, repercutiendo en la calidad de la enseñanza, al enriquecimiento del alumnado, habilitándolo para un mejor desarrollo de sus capacidades e indirectamente, mejorando el impacto de la universidad para una sociedad crítica basada en el conocimiento.
En este camino descendente, y como un paso más, se publicó el 29 de Diciembre las “Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación”. Bases que introducen ciertas novedades que tendrán un impacto negativo importante. Se exige que cualquier proyecto tenga algún tipo de colaboración por parte de una empresa externa y que estén dentro de determinadas líneas estratégicas marcadas por la Junta. En la práctica, estos condicionantes cierran la puerta de la financiación a numerosos grupos de investigación, dedicados a la investigación básica en los diferentes sectores o al desarrollo de proyectos de alto valor cultural.
Esto hace que, desde diferentes ámbitos, se estén realizando iniciativas y campañas en defensa de una financiación más equilibrada, que sin minusvalorar la importancia del interés del sector productivo en las actividades investigadoras, permita cubrir todos los campos científicos y culturales de forma razonable.
Un conjunto de investigadores de todas las Universidades Públicas de Castilla y León se ha organizado, tras el verano de 2015, a través de una Plataforma de Investigadores para defender frente a la Junta, el establecimiento de una política que apoye la investigación en un sentido amplio y que permita la coexistencia de proyectos con inquietudes culturales y científicas diversas. Se pretendía defender unas bases para la concesión de subvenciones a proyectos de investigación en las que tuvieran cabida estos grupos de investigación que finalmente se han visto excluidos, ya que finalmente la Junta no ha tomado en consideración sus peticiones.
Desde la Federación de Enseñanza apoyamos estas iniciativas y participaremos activamente en la reivindicación de una investigación al servicio de la sociedad del conocimiento. En este sentido ha sido nuestra última actuación, participando en la elaboración del documento presentado por CCOO en el grupo de trabajo sobre el mapa de titulaciones creado por la Junta, defendiendo un modelo de universidad que genere conocimiento en el sentido más amplio y que nos ayude a entender mejor la sociedad que nos está tocando vivir.
