CCOO y UGT presentan un manifiesto conjunto para poner sobre la mesa, una vez más, la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España y cómo esta situación ha quedado en evidencia en la actual alerta sanitaria.
A finales de los años 80 del pasado siglo, los sindicatos estadounidenses eligieron el 28 de abril como día para la memoria de las personas víctimas de accidentes de trabajo o de enfermedades de origen laboral. Con el paso de los años esta fecha de recuerdo se extendió al conjunto del movimiento sindical internacional.
Cada 28 de abril UGT y CCOO recordamos a las trabajadoras y trabajadores que están detrás de las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales y que sufren sus peores consecuencias, denunciamos las condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social y realizamos propuestas de cambio en la normativa y en las políticas para mejorar la salud y la seguridad de la clase trabajadora.
Pero el de 2020 no puede ser un 28 de Abril como el de otros años. Nos enfrentamos a una crisis mundial de salud pública como no se recordaba desde hace algo más un siglo, una pandemia que en España ya ha supuesto el contagio de centenares de miles de personas, ha tensionado los sistemas sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado gran parte de la actividad económica del país y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado decenas de miles de vidas. Este año nuestro recuerdo debe ser para esas víctimas, pero también para todas aquellas personas que desde sus puestos de trabajo se han convertido en el principal baluarte de defensa frente a la enfermedad, poniendo en riesgo su salud y, en demasiadas ocasiones, sus propias vidas. Personas de clase trabajadora que hoy se demuestra que son la clave para garantizar los aspectos más básicos de nuestra sociedad.
Desde CCOO y UGT siempre hemos defendido que la salud laboral forma parte de manera indisociable de la salud pública y esa realidad se ha hecho evidente con rotundidad con la pandemia de COVID-19. De hecho, los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados son, lamentablemente, importantes vectores de propagación del virus, tanto en los sectores esenciales que están garantizando la salud y los suministros de la población como en empresas que no forman parte de ellos.
UGT y CCOO también venimos alertando de la contradicción entre el mantenimiento de un sistema económico que prima la obtención de beneficios empresariales frente a la salud de las personas trabajadoras. Tras la gran recesión de 2008 y la imposición de políticas de austeridad como única vía posible de salida de la crisis, vimos cómo los recortes diezmaban servicios públicos que ahora se revelan imprescindibles, como la sanidad pública. Paralelamente se ha producido una reducción de inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva. En la última década asistimos a un repunte de los accidentes de trabajo, al ocultamiento y subregistro de las enfermedades profesionales y nos acostumbramos a que el lema “la precariedad laboral mata” se hiciera recurrente en las campañas sindicales de denuncia.
El sistema preventivo español ya se encontraba en una situación de debilidad debido a demasiadas inercias derivadas de las opciones que se han ido tomando durante estos 25 años desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: configuración de la prevención como un negocio y no un derecho, externalización de su gestión, imposibilidad de articulación sindical en un universo de PYMEs y microPYMEs, un entorno institucional de actuación pública que apenas regula mínimamente el “mercado de la prevención”.
Pero la llegada de la pandemia de COVID-19 ha terminado por arrasar la prevención en España. Cuando por fin se constató la gravedad del problema, se empezaron a publicar instrucciones y procedimientos por las autoridades sanitarias y finalmente se declaró el Estado de Alarma, el caos se desató en nuestro sistema preventivo. Los servicios de prevención, actores indispensables para la organización e integración de las actividades preventivas en las empresas, en muchos casos mostraron tremendas limitaciones a la hora de hacer frente al reto de evaluar y establecer medidas preventivas para limitar las exposiciones al virus, convirtiendo en papel mojado las instrucciones de las autoridades sanitarias. Y si estas limitaciones se han podido apreciar en servicios de prevención propios, en el caso de los servicios de prevención ajenos han alcanzado cotas escandalosas. La mayoría de los servicios de prevención ajenos no han venido desarrollando en los anteriores tiempos una verdadera prevención en las empresas, sino que se han limitado a tramitar la documentación requerida con el fin de cumplir, a efectos meramente formales, con la normativa y a lo sumo han ofertado evaluaciones de riesgo tipo y unos reconocimientos médicos no específicos.
En este contexto de emergencia sanitaria los servicios de prevención ajenos han desaparecido de la escena, pero aunque hubieran querido tener otro papel no hubiera sido posible: sus criterios mercantilistas de gestión y la feroz competencia entre ellos, han dado como resultado unas ratios inasumibles de empresas por cada uno de sus técnicos, hasta más de 200 en algunos casos, que imposibilitan a estos profesionales desarrollar una actividad de calidad y les somete a unas cargas de trabajo y de responsabilidad incompatibles con su propia salud. Y no podemos dejar de recordar los intentos de algunos de estos servicios de prevención que, en medio de esta crisis y de manera irresponsable, han solicitado ERTEs para parte de sus plantillas mientras alguno de ellos, en paralelo, ofrecía tests de COVID-19 a sus clientes.
Pero también se ha echado en falta en este contexto una mayor presencia de las instituciones públicas en el ámbito laboral. Desde los sindicatos venimos reclamando una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto en la Administración General del Estado como en las CCAA para lograr la plena integración de la salud laboral en la salud pública. Pero eso no puede hacerse en el marco de un retroceso de las instituciones que deberían liderar este proceso. El ejemplo más palpable es el del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no ha dejado de ver reducida su plantilla desde hace demasiados años y cuya labor como organismo científico-técnico no ha pesado en estos momentos como nos hubiera gustado.
Y algo parecido se podría decir de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. El contar con una de las ratios de inspectores de trabajo por población ocupada más baja de Europa ha dificultado sobremanera la atención a las denuncias que personas trabajadoras y sindicatos hemos presentado, a lo que habría que añadir el criterio del Organismo Estatal de la ITSS que renunciaba de facto a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el nuevo coronavirus o a proponer sanciones en una mayoría de situaciones. Un criterio que a nuestro juicio ha dejado a muchas personas trabajadoras sin uno de los principales mecanismos en defensa de su salud.
Pese a todo, desde CCOO y UGT seguimos trabajando para afrontar esta crisis sanitaria haciendo lo que mejor sabemos: defender a la clase trabajadora denunciando donde sea preciso y exigiendo el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, normativa que recordamos ha de cumplirse, incluso durante el estado de alarma. Contamos con un equipo irremplazable para llevar a cabo esta tarea, como son los miles de delegados y delegadas de prevención y los comités de seguridad y salud que trabajan cada día en los centros de trabajo para garantizar unas condiciones de seguridad y salud adecuadas para sus compañeros y compañeras.
Por último, en estos días son muchas las voces que insisten en que tras la pandemia se configurará un mundo diferente, aunque nadie se atreve a asegurar cuál va a ser la dirección de esa reformulación. En la pequeña escala del ámbito de la prevención española es necesario un cambio de paradigma para que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras se convierta en la prioridad inexcusable y en el eje sobre el que pivote todo el sistema. Pero para ello será necesaria la movilización del conjunto de la clase trabajadora, no sólo de nuestro país, para que el sistema económico y de relaciones sociales que nos dotemos no se contraponga a la salud y la vida.
