El RD 14/2012 introdujo recortes muy agresivos para la educación que siguen en vigor actualmente. Esta norma, cuyas medidas se definían como temporales y justificadas por la situación económica del país, supusieron grandes cambios en todo el Estado en materia de jornada lectiva, empleo y ratios de alumnado por clase.
Tras la publicación del Real Decreto-Ley 14/2012, y alegando la coyuntura de crisis económica, el Gobierno del Partido Popular implementó un conjunto de recortes que incluían, entre otros, la ampliación de la jornada lectiva, la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, o el retraso en la sustitución del profesorado.
A la vista de los datos macroeconómicos presentados por el propio Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado, CCOO requirió a través de un contencioso administrativo la suspensión sine die de la aplicación de este Real Decreto-Ley.
Ante la inacción del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al respecto, CCOO elevó el pasado mes de abril a la Audiencia Nacional la impugnación de este Real Decreto-Ley. Con la admisión a trámite, la Audiencia Nacional avala el criterio del sindicato, lo que supone un duro varapalo a las políticas de recortes de Mariano Rajoy.
Una sentencia favorable de CCOO podría suponer la suspensión de unos recortes que han marcado el devenir del sistema educativo de los últimos seis años y permitiría la reducción de un 10% en las ratios, la sustitución inmediata del profesorado que cause baja o la recuperación de la jornada lectiva.
Estos recortes suponían en la práctica un ataque a la calidad de la educación. El aumento del 20% del ratio profesorado/alumnado provocó la masificación de las aulas de todo el país en detrimento de la atención al alumnado. A esto hay que sumarle la imposibilidad de sustituir al profesorado hasta pasados diez días lectivos de la ausencia del titular, lo que en la práctica son dos semanas naturales sin el profesorado en las aulas.
El incremento de la jornada lectiva supuso en la educación pública un aumento de la temporalidad en el empleo, hasta el punto de que uno de cada cuatro docentes son temporales, así como la pérdida de 32.801 puestos de trabajo y el aumento de la tasa de jornadas parciales hasta el 30%.
En el ámbito universitario, se condicionó el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente. La dedicación docente puede incluso duplicarse en función de la actividad investigadora, lo que repercute negativamente en la carrera y promoción profesional de un elevado número de docentes funcionarios y, consecuentemente, en sus retribuciones.
CCOO se guarda su lícito derecho a asesorar a las personas afectadas para reclamar la indemnización por daños y perjuicios causados por la aplicación de dicho RD Ley.
