Desde CCOO, tenemos conocimiento de que desde el 1 de marzo de 2018, ANECA ha comenzado a enviar notificaciones telemáticas de las primeras acreditaciones a los cuerpos docentes realizadas según los criterios establecidos en noviembre de 2016 o en noviembre de 2017, tras más de dos años y dos meses de una vergonzosa paralización.
El RD 415/2015 que el gobierno del PP aprobó en su anterior legislatura, mientras disfrutaba de una cómoda mayoría absoluta, ha permitido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte introducir criterios mucho más duros, procedimientos más arbitrarios y sobre todo, bloquear el sistema de acreditación a funcionarios de los cuerpos docentes universitarios durante más de dos años, causando daños irreparables en las promociones y estabilizaciones de muchos profesoras y profesores universitarios y en el sistema universitario público.
Las comisiones de acreditación se reunieron a mediados del mes de febrero y han empezado a emitir las resoluciones de acreditación positiva o negativa a las más de un millar de solicitudes que fueron presentadas hace más de un año. Es reprobable esta demora por parte de la Agencia que debería velar por la calidad del sistema universitario español, especialmente del sistema público, sostenido por todos los ciudadanos.
Es igualmente vergonzoso que ANECA, que ha dejado de ser una fundación para pasar a ser un organismo público autónomo, no responda a los recursos de revisión y reclamaciones presentados por cientos de profesores a los que ha denegado la solicitud de acreditación para las figuras de profesores contratados laborales.
ANECA está sujeta a los plazos y procedimientos de la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y no es admisible que se escude en que la vieja Comisión de Garantías y Programas ya no puede resolver y la nueva Comisión Asesora del Profesorado se ha constituido hace poco tiempo y todavía no se ha podido poner al día (sic). Esta estrategia torticera también contribuye al bloqueo del sistema de acreditaciones, pues, ante la desesperación y la incertidumbre, los profesores son “animados” a presentar una nueva solicitud de acreditación, que anula el derecho a la resolución del recurso planteado e inicia un nuevo plazo de cómputo, prolongando el tiempo del procedimiento.
CCOO exige al Ministerio que solucione estas situaciones, desempeñe su función con eficiencia y garantías y cumpla su compromiso de empezar a negociar los nuevos criterios de acreditación (que pueden ser modificados a partir de octubre de 2018).
