El mapa de Formación Profesional del Ministerio de Educación, último cálculo oficial disponible, fija en 200.000 las plazas de FP necesarias en España en los próximos 5 años; es decir, necesitamos crecer a un ritmo de 40.000 plazas anuales. Sin embargo, el comportamiento de la oferta no se corresponde con esas necesidades, resultando deficiente y estática, incapaz de dar respuesta a los requerimientos más inmediatos.
Así, entre el año 2003/2004 y 2013/2014, el crecimiento del número de centros públicos que ofrecen plazas de FP de Grado Medio ha sido de tan solo el 13,3%, cuando el alumnado, en ese periodo, se incrementó en un 50,6%, pasando de 167.692 a 252.546. Las cifras demuestran que las administraciones educativas llevan una década sin ampliar la oferta de forma adecuada y suficiente.
La insuficiente oferta pública de plazas, junto con el incremento de tasas, tiene como resultado directo el crecimiento del negocio privado de la Formación Profesional. Algunas consejerías autonómicas, directamente responsables de mejorar la oferta en sus territorios, han concedido autorizaciones a universidades privadas para ofertar, ya en este curso, diversos títulos de FP, lo que supone, a falta de un marco estratégico claro de relación entre la FP y la universidad, una grave irresponsabilidad para el sistema en su conjunto.
Al margen del aumento del alumnado matriculado en las familias de Sanidad y Servicios a la Comunidad, donde existe una clara relación con la necesidad de acreditar oficialmente titulaciones (ley de dependencia, por ejemplo), o la de Informática, por el obvio crecimiento exponencial del sector, sigue habiendo una gran concentración de alumnado matriculado, desde hace prácticamente una década, en las mismas familias profesionales: Administración, Electricidad y electrónica y Mantenimiento de vehículos autopropulsados -mecánica, en términos coloquiales- fenómeno debido, fundamentalmente, a que no se han hecho esfuerzos reales por adaptar la oferta de plazas a la demanda socio laboral. Entre las tres todavía suponen un 30% del total. Cada vez son más los alumnos que optan a la Formación Profesional, pero no en las plazas que desean, sino eligiendo de entre las que el sistema puede ofrecerles.
Por otro lado, la implantación de las nuevas titulaciones, más adaptadas a los actuales requerimientos del mercado laboral, está paralizada a causa del RD 4/2012 de “racionalización” del gasto educativo, que suspendió la aplicación de las medidas previstas en el RD 1147/2011 de ordenación de la Formación Profesional. La paralización debería haber expirado para el próximo curso, pero el Gobierno la ha ampliado por otro año más a través del RD 127/2014, de desarrollo de la FP Básica.
