La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la Federación de Enseñanza de CCOO contra la Universidad de Burgos, la Universidad de León y la Universidad de Salamanca, para que se dictase una sentencia en la que se reconociese el derecho del personal de administración y servicios contratado temporalmente vinculado al desarrollo de proyectos y contratos de investigación de las entidades demandadas a percibir el incremento salarial para el año 2023.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad dice literalmente en su fallo “declaramos el derecho del personal de administración y servicios contratado temporalmente vinculado al desarrollo de proyectos y contratos de investigación de las entidades demandadas a percibir el incremento salarial para el año 2023 previsto en la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y Ley 3/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023 con todos los electos legales, condenando a la Universidad de Burgos, Universidad de León y Universidad de Salamanca”.
En sus fundamentos de derecho, concluye que: …aunque no se aplique a los demandantes el régimen retributivo del convenio colectivo según su art. 4, es la legislación presupuestaria la que determina la actualización de los salarios con efectos generales para todo el sector público, en el que se incluyen todos los trabajadores de las universidades públicas y, por tanto, también los actores, sin que, es esta concreta materia, el texto convencional contenga disposición alguna en orden a excluir el consiguiente incremento o a establecer otro diferente. Es decir, el colectivo afectado tendrá derecho al incremento, aunque su régimen retributivo no sea el convencional pues, formando parte del sector público, la legislación presupuestaria, que no hace distinción alguna al respecto, así se lo reconoce.
Las universidades pueden interponer recurso de casación, que se preparará por escrito ante la Sala de lo Social del TSJ de CyL dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.
