Comisiones Obreras de Castilla y León, por medio de la Federación de Enseñanza, quiere mostrar su satisfacción por la admisión a trámite, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ-CCOO CyL), la impugnación del Real Decreto-Ley 14/2012 de los recortes educativos presentada por nuestra organización. Una sentencia favorable por su parte podría suponer la suspensión de los recortes que han marcado el devenir de la educación pública en los últimos seis años, y también permitiría la sustitución inmediata del profesorado que causa baja, la reducción de la masificación de las aulas y la reducción del horario lectivo, entre otras cuestiones beneficiosas para la educación en este país.
La impugnación fue presentada por la Federación de Enseñanza de CCOO el pasado 30 de mayo, avalando así el criterio de CCOO y abriendo la puerta a la reversión de los recortes, lo que supondría un duro varapalo a las pasadas políticas educativas del PP.
Este Real decreto introdujo medidas extremadamente agresivas para la educación, y que a día de hoy aún siguen en vigor. Esta norma, que contenía recortes que se definían como temporales, y justificados por la situación económica del país, supusieron grandes cambios en todo el Estado en materia de jornada lectiva, empleo y ratios de alumnos/as por clase.
Entre otras medidas, el Gobierno del PP aumentó el número de estudiantes por aula, extendió a dos semanas el plazo para la sustitución del profesorado en situación de baja laboral e incrementó la jornada docente. Esto último, junto a la imposición de una exigua tasa de reposición, provocó la destrucción de un elevado número de plazas de trabajo y disparó la temporalidad y la precariedad laboral entre este colectivo.
En el ámbito universitario, se condicionó el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente. La dedicación docente puede incluso duplicarse en función de la actividad investigadora, lo que repercute negativamente en la carrera y promoción profesional de un elevado número de docentes funcionarios y, consecuentemente, en sus retribuciones.
