Su posición de minoría en el Congreso de los Diputados exigiría impulsar el diálogo parlamentario, político y social para afrontar los grandes retos en materia de economía, fiscalidad y empleo, pensiones, protección social e igualdad y reforma constitucional.
ras conocer la composición del nuevo gobierno de Mariano Rajoy, la Dirección Confederal de CCOO ha hecho pública una declaración en la que emplaza al Ejecutivo a abrir un nuevo tiempo de diálogo y pactos para cambiar legislaciones pasadas y abordar reformas y políticas futuras, sin líneas rojas, y con el único límite que impone la interpretación flexible del texto constitucional. “La economía, el empleo, la legislación laboral, la fiscalidad, el sistema público de protección social, con especial referencia a las pensiones, la lucha decidida contra la desigualdad y la pobreza, la violencia de género o la calidad de los servicios públicos, deberían afrontarse por parte del nuevo gobierno, con altura de miras y voluntad de consenso. Si no lo hace así, se encontrará con fuertes tensiones sociales y parlamentarias”, advierte el secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano.
La composición del nuevo gobierno abre un periodo de incertidumbre, que el movimiento sindical trabajará para que poco a poco se transforme en un proceso real y verificable de concertación social y acuerdos. CCOO cree que la movilización democrática de las trabajadoras y trabajadores ayudará a transitar por la senda del diálogo y la recuperación de los derechos perdidos. “En este sentido, resulta imprescindible acabar con los capítulos de las reformas laborales que incrementaron el poder discrecional de los empresarios, que alteraron injustamente las condiciones para el despido individual y colectivo, que redujeron los costes de la indemnización y que modificaron sustancialmente la estructura de la negociación colectiva con la indisimulada voluntad de avanzar hacia la individualización de las relaciones laborales”, recuerda CCOO.
Un primer escenario para evaluar las intenciones del nuevo ejecutivo serán los PGE 2017 y el más que previsible mandato comunitario a fin de acometer un ajuste de 5.500 millones de euros. “Han de ser las necesidades de las personas las que se impongan en los PGE, y debe ser la apuesta decidida por incrementar los ingresos públicos la que determine la actuación política del Gobierno para equilibrar las cuentas del Estado, en lugar de proceder a recortar el gasto público, una medida tan injusta como desaconsejable”, concluye CCOO.
