Ni incrementa la transparencia ni reduce unos niveles de exigencia injustificados
En los últimos días se están celebrando reuniones de las distintas Comisiones, formadas por representantes sindicales y de la CRUE y responsables de ANECA, con el fin de tratar sobre los criterios de acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Tras las primeras reuniones, los responsables de la ANECA han declarado que el propósito de esta convocatoria es presentar los méritos que han revisado, después de considerar las aportaciones realizadas en las reuniones anteriores. Esto supone un incumplimiento de los compromisos adquiridos por el MECD con las organizaciones sindicales más representativas en el sector del personal docente e investigador funcionario, tras la intervención parlamentaria del ministro Méndez de Vigo, en la que se comprometió a negociar la modificación de los criterios.
Las nuevas interpretaciones del decreto contenidas en Criterios generales de interpretación y el documento de Tablas detalladas o baremos, que se han leído de viva voz, sin entregarse los correspondientes documentos para su análisis detallado, reflejan modificaciones insuficientes e insatisfactorias por parte de ANECA de los previos criterios. Hasta ahora se constata que el trabajo de revisión realizado solo ha servido en esencia para homogenizar ciertos méritos dentro de cada macroárea, pero no para reducir significativamente los niveles de exigencia e incrementar la trasparencia de las evaluaciones (objetivos fundamentales de nuestra reivindicación).
Rechazamos la práctica de ANECA ante las reclamaciones a las acreditaciones negativas del PDI Laboral, aprovechando el cambio de su condición jurídica. Estimamos que es inaceptable e impropia de un estado de derecho la indefensión en la que se hallan los solicitantes evaluados de modo negativo. ANECA está informando a los profesores con acreditación negativa que la Comisión de Garantías y Programas ya no existe mientras que la futura Comisión Asesora de Profesorado, que asumirá las competencias de la anterior sobre reclamaciones, todavía no se ha constituido y no estará en funcionamiento hasta septiembre.
Rechazamos también el nuevo retraso en la publicación de las resoluciones, tanto las positivas como las negativas, para los cuerpos docentes de universidad. Informan que lo harán en septiembre, con casi un año de retraso.
Valoración
Esto no es el proceso de negociación al que se comprometió en el Congreso el Ministro Méndez de Vigo. Más bien parece tratarse de un trámite en el que nos han dado audiencia a los sindicatos, han trasladado nuestras propuestas a las comisiones y estas han tomado o no en consideración dichas propuestas, sin explicar por qué se han aceptado o rechazado.
Sin duda, el trabajo de los sindicatos ha contribuido a mejorar el sistema de acreditación, pues ha habido cierto grado de homogeneización interna de los requisitos en cada área. Pero esa función es algo que ya tenía que haber sido desarrollado por el Ministerio.
Los niveles de exigencia de los requisitos se han clarificado y precisado, pero no se han rebajado en ningún caso. Y en algunos aspectos, como el número de horas de docencia, la revisión actualmente en curso más bien ha endurecido las exigencias. A la vez que otras condiciones muy significativas no se pueden alcanzar, a pesar de que su carencia no es imputable a los candidatos.
Por tanto, seguimos pensando que el nuevo sistema de acreditación del PDI funcionario, lejos de garantizar mayor objetividad y transparencia (tal como la norma señala en su preámbulo), incorpora más discrecionalidad, opacidad y desigualdad que el anterior, lo que provocará una reducción del número de candidatos acreditados y una mayor inseguridad jurídica a los solicitantes.
En función de lo anterior, con carácter inmediato exigimos de nuevo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, en consonancia con los objetivos de esta revisión de criterios de evaluación del profesorado, estos se acomoden a los niveles de exigencia de los criterios precedentes, así como a una formulación que garantice la necesaria trasparencia de las evaluaciones (evitando la inferencia y subjetividad actualmente presentes). Todavía hay tiempo para efectuar estos cambios y mejoras, y nuestros sindicatos están dispuestos a contribuir con urgencia a dicha tarea desde las Comisiones de revisión designadas al efecto.
Y a medio plazo también exigimos al Ministerio que modifique de manera consensuada el RD 415/2015 que modificó el Real Decreto 1312/2007, por el que se establecía la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, modificación que consideramos que es el origen mediato de este endurecimiento de la evaluación del profesorado.
Y, por último, requerimos al Ministerio la convocatoria urgente de la Mesa de Negociación de Universidades para que atienda nuestras demandas sobre este asunto y negocie la mejora de las condiciones laborales y profesionales del profesorado, en el marco del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas.
