CCOO exige que el aumento de la oferta a este colectivo vaya vinculado al incremento de trabajadores/as y la mejora de las infraestructuras para facilitar el acceso a la formación y evitar la sobrecarga de los centros y el deterioro de las condiciones laborales.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional se anticipa a la publicación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP, aún en trámite parlamentario, con la publicación del Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros educativos y de formación profesional para el empleo para generalizar la oferta integrada en los centros educativos de FP y establecer “nuevas posibilidades” de oferta formativa del sistema educativo.
Los centros de formación profesional del sistema educativo no tendrán que justificar la implantación de sistemas de gestión de calidad de la formación para impartir certificados de profesionalidad y otras acciones formativas vinculadas al actual Catálogo Nacional de Competencias Profesionales.
La norma flexibiliza los requisitos de espacios para la impartición de certificados de profesionalidad, al considerar adecuados y suficientes los espacios formativos que imparten la misma cualificación profesional en títulos o cursos de especialización del sistema educativo, y permite impartir esta formación al personal docente teniendo en cuenta la correspondencia entre las unidades de competencia de los títulos y los certificados de profesionalidad y la atribución docente prevista en la regulación de cada título.
También se flexibiliza la oferta de los títulos de formación profesional y cursos de especialización, con la posibilidad de impartir ofertas modulares parciales de menor duración, vinculadas a varios módulos profesionales (certificados de formación profesional), a un módulo (certificado de competencia) y/o a varios resultados de aprendizaje (certificados parciales de competencia), asignando a los dos primeros validez en todo el territorio nacional, y a los certificados parciales de competencia validez exclusivamente en el ámbito de la administración educativa correspondiente.
Entendemos esta modificación como un mecanismo transitorio para incrementar la oferta en los centros, aprovechando los recursos materiales y humanos disponibles, con la finalidad de ofrecer formación y cualificar a un mayor número de personas que se avanza a la futura tipología de ofertas y grados de formación previstos en el anteproyecto de la nueva Ley de FP.
Esta regulación brinda la oportunidad de ampliar la oferta de los centros públicos con certificados de profesionalidad sin perjuicio del crecimiento de la oferta de formación profesional inicial, compromiso adoptado por Ministerio de Educación y Formación Profesional con la creación de 200.000 plazas públicas en los próximos 4 años, necesarias para garantizar el derecho a la educación y formación de las personas y poner freno a la privatización de esta etapa.
Es necesario detectar los sectores emergentes, con necesidades formativas y los territorios para determinar los centros susceptibles de esta ampliación de oferta formativa y poder anticipar los recursos materiales y humanos suficientes para garantizar el éxito de la medida.
Si las administraciones educativas no son capaces de canalizar la inversión, en su mayor parte, para que sea la red de centros públicos la que asuma esta formación con la suficiente previsión de espacios y de personal, se corre el riesgo de profundizar la privatización de la oferta, y con ella la desigualdad en el acceso y la segregación educativa, como viene sucediendo en los últimos años con la FP y el máster de formación del profesorado.
Para CCOO es también una oportunidad para ampliar el empleo público docente, con la creación de nuevas plazas para funcionarios estructurales (se requerirán unas 15.000 nuevas plazas de profesorado sin contar con estas nuevas ofertas formativas), mejorar las condiciones del personal interino, incrementar las dotaciones del personal de administración, limpieza y mantenimiento, y la asignación horaria de los equipos directivos y las coordinaciones docentes.
Acabar con la alarmante temporalidad
La FP lidera las tasas de temporalidad del personal docente con algunas especialidades por encima del 50%, que deberán reducirse al 8% mediante convocatorias especiales y excepcionales para este fin de acceso a la función pública los próximos años. Un acceso a la función docente que en FP es claramente inapropiado, con las ratios de opositores/as por tribunal muy elevadas y que dejan plazas desiertas convocatoria tras convocatoria sin que se repare en que es la forma del propio sistema de acceso la que impide a las personas aspirantes obtener una de las plazas publicadas en las distintas convocatorias.
La falta de personal docente de muchas especialidades y la inestabilidad del profesorado en la FP se soluciona con la mejora de las condiciones laborales y la ampliación de las plantillas fijas en los centros, como reivindica CCOO con su campaña #RepartirEsMejorar de reducción de la jornada a 18 horas lectivas, y la contratación de manera estable de miles de docentes mediante convocatorias excepcionales de acceso a la función pública con el propósito de regularizar la situación de miles de funcionarios interinos de larga duración, y, al mismo tiempo, motivar que cada vez más personas puedan interesarse en participar en los procesos selectivos de personal al resultar estos más factibles de ser superados, limpios y justos.
Es urgente dotar al sistema de FP de un mecanismo más competente para la estabilización de su personal interino, atrayendo a la profesión docente a profesionales de sectores que adolecen de escasez de profesorado a través de garantías de estabilidad y buenas condiciones laborales. De ello depende el éxito de la nueva Ley de FP y de las expectativas de crecimiento de oferta pública y de cualificación de millones de personas en los próximos años.
