Comisiones Obreras, sindicato más votado en las elecciones sindicales, denuncia el incumplimiento de la ley y la más absoluta falta de rigor por parte del Ministerio de Hacienda en el proceso de formación de las mesas de negociación de las Administraciones Públicas. El sindicato ha detectado que faltan actas electorales e incluso errores de cálculo básicos en los resultados. Ante la gravedad de estos hechos, CCOO votará hoy en contra de la constitución de las mesas de negociación de la Administración General del Estado y, si se llegan a aprobar, estudiará su impugnación por vía judicial.
"En los últimos listados que facilitó el ministerio, solo en el ámbito de las administraciones locales faltan cientos de actas electorales. Los últimos datos que ha aportado no contienen el detalle de actas contabilizadas y siguen siendo incompletas. También faltan los resultados del Tribunal de Cuentas, el Museo del Prado o los del Instituto Cervantes. Y tampoco se ha contabilizado ninguna universidad pública, pese a que han elegido más de 3.300 delegadas y delegados".
CCOO, que revalida su posición como primer sindicato de las Administraciones Públicas, asiste estupefacto al proceso gestionado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativo a la formación de las mesas de negociación de las empleadas y empleados públicos.
Tras meses esperando a que la Dirección General de Función Pública aportara toda la documentación de los resultados electorales para contrastarlos y formar oficialmente las nuevas mesas de negociación, los representantes del ministerio convocaron el pasado lunes 6 de junio una reunión de seguimiento en la que presentaron un resumen de los resultados, sin siquiera aportar todas las actas electorales para poder revisarlas, y, lo más sorprendente, una propuesta de acuerdo para firmar y dar por válidos los resultados en esa misma reunión.
Ante este hecho insólito, puesto que ni siquiera habían convocado el ámbito adecuado para valorar la constitución de las mesas, CCOO, a diferencia del resto de sindicatos, exigió tiempo para revisar la documentación y poder dar una respuesta. Tras un primer análisis rápido de la documentación, CCOO observó numerosos errores: faltan cientos de actas —sólo en las universidades públicas, más de 3.300 delegadas y delegados, y otros miles más de las administraciones locales—; han hecho mal algunos cálculos en la distribución de la representación sindical; han cambiado unilateralmente el periodo de cómputo de los resultados; incluyen algunos delegados/as de colectivos como el del profesorado de religión (de momento CCOO ha encontrado 40), después de acordar que no se incluían y cuando la propia Abogacía del Estado defiende que no deben entrar en este ámbito.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado formalmente la Mesa general de negociación de la Administración General del Estado (art. 36.3 del EBEP, que representa a todo el personal de la AGE: 8,92% del total del empleo público*) hoy lunes 13 de junio a las 12:00 horas en la calle María de Molina, 50 (Madrid) y la Mesa general de negociación de la Administración General del Estado (art. 34.1 del EBEP, que representa sólo al personal funcionario de esta Administración: 6,3% del total del empleo público) a las 13:30 horas, para aprobar la composición de sus respectivas mesas de negociación. Todavía no se sabe si el Gobierno en funciones convocará la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, que representa a todas las empleadas y empleados públicos, algo más de dos millones y medio de personas.
CCOO va a votar en contra de la constitución de ambas mesas, que contienen errores de bulto como asignar a la Mesa de negociación de la Administración General del Estado actas de elecciones sindicales del ámbito autonómico o ignorar los resultados electorales de cuatro embajadas. Ante la falta de actas electorales, el sindicato afirma que no cuestiona al órgano emisor de las certificaciones ni la validez de las mismas, pero sí el hecho de que la mayoría de la representación sindical llamada a constituir la mesa, junto con la Administración, acuerde reconocer exclusivamente las certificaciones emitidas y entregadas el mismo día 6 de junio, sin cotejo ni comprobación alguna que permita verificar los datos. Si finalmente se aprueban ambas mesas, CCOO estudiará su impugnación por vía judicial.
Por otra parte, CCOO considera que los resultados electorales en las Administraciones Públicas son otro ejemplo más del triunfo del sindicalismo de clase y confederal, puesto que CCOO y UGT suman más del 70% de la representación en las mesas de negociación del empleo público. "Por ello nos sorprende la indiferencia de UGT, prestándose a avalar las cifras que aporta el ministerio, aun cuando son tan evidentes los errores cometidos".
Para CCOO la actitud del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es escandalosa. Javier Jiménez, secretario general de FSC-CCOO, concluye que "sería absolutamente intolerable, además de un delito, que la Administración no contabilizara todo los votos en las próximas elecciones generales. Pero en las elecciones sindicales el Gobierno en funciones lo hace y encima pretende que validemos esos resultados. Evidentemente, CCOO no se va a prestar a algo así y lo vamos a denunciar en todos los ámbitos pertinentes".
*
– Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (artículo 36.1 del EBEP): según los últimos registros oficiales de julio de 2015, corresponde a la negociación de las condiciones laborales de 2.542.787 trabajadores, el 100% del empleo público.
– Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (artículo 36.3 del EBEP): representa a todo el personal de la AGE, que suman 226.783 personas (212.298 de la AGE, más 14.485 de la Administración de Justicia), el 8,92% del total del empleo público.
– Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (artículo 34. del EBEP): representa sólo al personal funcionario de la AGE, que suman 160.234 personas (149.202 de la AGE, más 11.032 funcionarios/as de la Administración de Justicia), el 6,3% del total del empleo público.
