El Área Pública de CCOO ha analizado la evolución de los últimos meses, en especial a partir de la moción de censura que derribó al Gobierno de Rajoy y permitió la conformación de un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez.
La moción de censura y la posterior aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 establecieron un reconocimiento de la necesidad de proceder a la recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, cuyo primer paso fue la firma del II Acuerdo para la mejora del empleo público con el anterior Gobierno, con tres ejes de intervención: subidas salariales, recuperación de la negociación colectiva y aprobación de medidas para la recuperación del empleo público y la estabilización de las plantillas reduciendo la temporalidad al 8% en tres años.
En la única reunión que se ha producido con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, el 16 de julio, CCOO planteó varias cuestiones que a día de hoy siguen pendientes de conocer: el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez para el sector público, las medidas concretas para garantizar el cumplimiento y desarrollo de los acuerdos firmados en el mes de marzo, las actuaciones para intervenir sobre los déficits de derechos en diferentes Administraciones y un calendario concreto de trabajo, que pasa por reunir las ocho comisiones acordadas en el II Acuerdo para la mejora del empleo público.
CCOO considera que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene la obligación de responder a los puntos que plantearon, con la mayor urgencia, pues en caso contrario se extenderá entre las empleadas y empleados públicos la sensación de que se está produciendo un frenazo a las aspiraciones laborales y sociales que empezaron a verse satisfechas con el mencionado II Acuerdo.
“Urgimos a retomar de inmediato el diálogo con los sindicatos, a no retrasar la interlocución y a dejar claramente despejada cualquier duda sobre los incrementos salariales para el ejercicio 2019, independientemente de las vicisitudes parlamentarias que puedan afectar a la tramitación de los PGE 2019”.
Para CCOO el Gobierno está obligado a incrementar los salarios, reponer los derechos de negociación colectiva y proceder a la mejora del empleo público en los términos suscritos, lo que responde a los deseos de millones de trabajadoras y trabajadores públicos, que no pueden esperar estancamientos por inacción política o dificultades imputables a terceros.
El sindicato añade que el incremento salarial para 2019 debe efectuarse en cualquier circunstancia, bien a través de la ley de PGE o por real decreto, en el supuesto de que no la hubiera, pues ese es el compromiso adquirido por los Gobiernos con las empleadas y empleados públicos.
