En solo un mes desde el comienzo de su aplicación, se hacen patentes sus efectos perversos, principalmente para el alumnado y sus familias, pero también en la calidad de los programas.
El Ministerio de Educación ha argumentado que se está incrementando de manera "sustancial" la matriculación en Formación Profesional, y que se ha pasado de 615.079 alumnos matriculados en el curso 2011/2012 a 793.034 en el actual 2014/2015, lo que representa un crecimiento del 28,9%.
El Ministerio relaciona el aumento de alumnado con la “extraordinaria campaña” de dignificación de FP que han realizado. Todo lo contrario: además de paralizar la aplicación del Real Decreto-ley de desarrollo de la FP de 2011, presenta datos engañosos, puesto que se contabiliza como incremento global de FP las 59.346 plazas de matriculación estimada de Formación Profesional Básica:
■ En el curso 2013/2014, había 58.630 alumnos en Programas de Cualificación Profesional Inicial (módulos obligatorios) que no contabilizaban en FP.
■ En el presente curso, las estimaciones de FPB (59.346), que es la enseñanza equivalente previa a la implantación de la LOMCE, son prácticamente iguales y se contabilizan en FP, por lo que no suponen un aumento respecto al curso anterior, reduciendo considerablemente el incremento real para este año.
Para que los datos resulten comparables, ambos tipos de alumnos, de PCPI y de FP Básica, deben computarse en el mismo apartado.
La previsión sobre la matrícula en FP Básica, que se ha comenzado a impartir este mismo curso, se ha hecho durante los primeros días de septiembre. Estas enseñanzas están vinculadas a una ley que ha suscitado un gran rechazo en la comunidad educativa y sin financiación específica para 2014, por lo que no era fácil aventurar que fueran unas previsiones arriesgadas.
Durante el escaso mes que ha transcurrido desde entonces, se han producido problemas en su implantación -que CCOO denunció en su momento-. Estas incidencias tienen unos efectos perversos, principalmente, para el alumnado y sus familias, pero también para la calidad de los programas.
Las Administraciones educativas han intentado, en numerosos casos, evitar la presencia de las organizaciones sociales en las comisiones de escolarización, dificultando así el acceso a los datos, pero, con todo, puede afirmarse lo siguiente:
■ Varias comunidades están a la espera de conocer el modelo de financiación, que ha aparecido en el proyecto de Presupuestos para 2015 (es decir, ya empezado el curso).
■ En diversas autonomías las solicitudes no han cubierto las plazas que se ofrecían, muy similares en número a las de PCPI (módulos obligatorios). En Andalucía, la Junta estima que hay en torno a un 20% de vacantes sin cubrir y un 41% menos de solicitudes que respecto al año pasado. En la Comunidad de Madrid, las solicitudes recibidas representan la mitad de las plazas (6.600).
■ En la mayoría de las comunidades autónomas, el currículo se ha aprobado muy tarde, incluso después de los procesos de admisión, por lo que no ha habido tiempo material para que el profesorado elaborara los programas y se formase ni para organizar los recursos necesarios en los centros. Muy pocos territorios implantarán estas enseñanzas en todas las titulaciones aprobadas por Educación. Poco más de la mitad de los títulos se implantarán, por ejemplo, en Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
■ En algunas comunidades se han ideado fórmulas para sortear la aplicación formal de la etapa educativa para este curso.
■ Se han producido deficiencias graves en los procesos de admisión (plazos, acreditación formal de requisitos para acceder, establecimiento de criterios de admisión adicionales distintos para cada administración; por ejemplo, la situación de los alumnos en 4º de ESO, etc.). Además, con la LOE, era relativamente corriente que la decisión por la que el alumno iba a PCPI se terminara de adoptar o asumir en septiembre. Ahora, la FP Básica exige una propuesta en junio. Sin ella, en septiembre no cabe posibilidad de optar a una plaza en esta nueva enseñanza.
■ Existe una falta de correspondencia entre la oferta actual de PCPI y la oferta disponible de FPB, a lo que hay que añadir la escasa información disponible, lo que ha facilitado los desajustes entre plazas vacantes y solicitudes.
■ Las familias desconfían de una etapa educativa que se imparte en la Secundaria Obligatoria pero que no permite obtener dicha titulación (salvo a efectos laborales), limitando las posibilidades académicas del alumnado.
Por todo ello, podemos estimar que se están produciendo el cierre de numerosos grupos de alumnos, por encima del 20%; es decir, se han eliminado cerca de 1.000 grupos respecto de la oferta de PCPI anterior, lo que deja en evidencia el fracaso de la LOMCE en una de sus iniciativas estrella. La consecuencia de este desastre será una reducción del número de alumnos de FP Básica en comparación con los de PCPI. Pero como el alumnado con ese perfil (el anterior de PCPI) no ha desaparecido, o no está escolarizado, o está cursando unas enseñanzas (repitiendo 2º de ESO o estudiando 3º con muchas materias pendientes de cursos anteriores) en las que no se atiende su perfil y necesidades educativas.
