Aprueba una Proposición No de Ley impulsada por Europa Laica y otras 40 organizaciones entre las que se encuentra CCOO
La iniciativa insta al Gobierno a “garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar”; y a proceder, en consecuencia, a la “derogación del Concordato y posteriores Acuerdos con el Vaticano, así como de los acuerdos suscritos con otras confesiones religiosas”.
La Proposición No de Ley ha sido tramitada y defendida por el Grupo Confederal Unidos Podemos y el Grupo Mixto, y ha logrado, además, el apoyo de sus dos primeros puntos por parte del Grupo Socialista, ERC, Compromis y EH-Bildu. En total, ha recibido 18 votos a favor, frente a los 17 en contra del PP y Ciudadanos y ha contando con la abstención del PDeCAT.
Corresponde ahora al gobierno respetar lo aprobado y proceder en consecuencia. Se trata de medidas, como es la denuncia y derogación de los Acuerdos con el Vaticano, que tienen carácter previo y determinan la posibilidad o no de avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente democrático, frente a las trabas y líneas rojas que el PP y Ciudadanos quieren imponer a través de la Subcomisión creada para el presunto Pacto por la Educación.
Pese al escaso recorrido que están teniendo en esta legislatura tanto las PNL como las Propuestas de Ley, bloqueadas por el gobierno del PP aun en el caso de obtener respaldo mayoritario en el Congreso, es un paso adelante el hecho mismo de que fuerzas políticas, que en su día se comprometieron a la derogación de la LOMCE y a elaborar una nueva Ley de Educación en favor de la mayoría social, hagan pronunciamiento público sobre condiciones esenciales para que su carácter democrático y, por tanto, laico, permita su perdurabilidad.
Es obvio que se pone sobre la mesa el problema central que hace al caso de la soberanía popular. Todos proclaman que reside en el Parlamento, pero es continuamente negada por parte de un Ejecutivo, que hace caso omiso de las resoluciones que no comparte. Además de levantar banderas democráticas como las aprobadas hoy en el Congreso, resulta imprescindible el recurso a la movilización social para que efectivamente las demandas democráticas y mayoritarias se hagan ley y tengan efectividad práctica.
