No obstante, el sindicato exige un mayor compromiso con la mejora de los servicios públicos, con las empleadas y empleados públicos, y el respeto a la negociación colectiva en este ámbito. Así se lo trasladará al Gobierno el próximo 23 de octubre en la primera reunión que mantienen de seguimiento del II Acuerdo para la mejora del empleo público.
Para el Área Pública de CCOO, la defensa de los servicios públicos supone un pilar básico para preservar el Estado de bienestar, garantizar la igualdad de oportunidades y es una herramienta fundamental en la redistribución de la riqueza.
Según el sindicato, las políticas neoliberales que se han llevado a cabo desde el anterior Gobierno del PP sólo han servido para empobrecer el país, para eliminar derechos de la clase trabajadora y para implantar políticas privatizadoras, que han traído consigo el deterioro de los servicios públicos y su impacto negativo sobre la vida de la ciudadanía, la destrucción de empleo, recortes salariales y la pérdida de derechos y condiciones de trabajo conquistados durante varias décadas.
Muchos de estos servicios públicos, imprescindibles para la ciudadanía, se han mantenido casi en exclusiva gracias a la profesionalidad de las empleadas y empleados públicos. La ciudadanía es consciente de ello cuando acuden a servicios esenciales como la sanidad, la justicia, los servicios sociales, la educación u otros servicios como pueden ser guarderías, comedores escolares, atención a las personas migrantes, prestación de asistencia domiciliaria, la atención a la tercera edad, la expedición de DNI, los servicios de emergencia y seguridad pública, trámites tributarios, gestión y tramitación de pensiones, entre otros.
El Área Pública de CCOO considera que la política de austericidio, la insuficiente financiación de los servicios públicos a través de los Presupuestos Generales del Estado, que ha conllevado una falta de inversión en infraestructuras, lo que ha ocasionado un deterioro progresivo de los inmuebles, y la falta de plantillas adecuadas así como el incremento de las privatizaciones, ha supuesto desde el año 2010 una pérdida en la calidad de los servicios públicos, que ahora hay que corregir, reponiéndolos e impulsándolos para una sociedad equilibrada, solidaria y convenientemente atendida en sus necesidades.
En esta dirección, el pasado 9 de marzo, el Área Pública de CCOO, junto a UGT y CSIF, firmó con el Gobierno el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, tras la puesta en marcha de la campaña #RecuperarLoArrebatado, en defensa de los servicios públicos y para restituir los derechos sustraídos a las empleadas y los empleados públicos, con los siguientes ejes centrales: fortalecer los servicios públicos, recuperar salarios y empleos públicos, acabar con la temporalidad y restablecer el derecho a la negociación colectiva que recupere las condiciones de trabajo, especialmente en jornadas, salud laboral, medidas de igualdad y formación.
El Área Pública de CCOO valora el “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un Estado Social”, suscrito por el Gobierno de España y Unidos Podemos, como una apuesta hacia una política social, pensada para recuperar el Estado de bienestar. “Esta tarea, nada fácil, es absolutamente necesaria, a la que se deberán adherir —y esperemos que con la incorporación de mejoras— el resto de grupos parlamentarios que fueron capaces, a través de la moción de censura, de desalojar al PP del Gobierno y con ello la época más salvaje en recortes de derechos sociales y laborales que se ha vivido en España”.
“El acuerdo del Gobierno y Unidos Podemos es un avance en este sentido. Un paquete de medidas que podría ser más un acuerdo de legislatura que de Presupuestos Generales del Estado para el 2019, y que de momento nos parece un notable punto de inflexión que la ciudadanía y las empleadas y empleados públicos no debemos desaprovechar”.
El Área Pública de CCOO, valorando el acuerdo, no considera afortunada la intromisión que se produce en la negociación colectiva y el papel que le corresponde en exclusiva a los sindicatos de la Función Pública. “Se da por hecho que se llevarán a cabo determinadas actuaciones que son objeto de negociación y, estando de acuerdo con el fondo de la mayoría de ellas, no deben producirse al margen de la representación sindical, por lo que exigiremos su plena negociación”.
Para el sindicato, en una declaración de esta magnitud, se echa en falta una referencia al II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, un hito sindical y social para la recuperación de los derechos de más de tres millones de trabajadoras y trabajadores, salvo en el apartado de “Equiparación de los permisos de maternidad y paternidad” para indicar cómo enmendarlo como “mejora complementaria del mismo” y o instando a “incorporar a los convenios colectivos”.
“A lo largo de todo el documento hay una apuesta clara por reforzar los servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia y, muy especialmente, en el ámbito de las corporaciones locales, por ser los más cercanos a la ciudadanía, con nuevos servicios o recuperando competencias, hecho que valoramos positivamente, pero entendiendo que no será posible si no se acompaña de una correcta financiación y una adecuada plantilla. Para ello resulta imprescindible recuperar los niveles de empleo público y de financiación que había antes de la crisis. Actualmente las plantillas están tremendamente mermadas, con una pérdida real de más de 260.000 puestos de trabajo en estos años”.
La referencia en el Acuerdo Gobierno-Unidos Podemos de mejora de la tasa de reposición es contradictoria con lo que pretende CCOO. No respeta el texto del Acuerdo de 9 de marzo y lo recogido en los PGE 2018 al respecto, que se circunscribe sólo al 2018, dejando la posibilidad de eliminar la tasa de reposición a través de la negociación para el 2019, hecho que este documento cierra al trasladar casi literalmente (empeorando con el “hasta”) el apartado de Oferta de Empleo Público/Tasa de Reposición recogido en el PGE 2018 al 2019, con la única salvedad y sólo para las corporaciones locales que hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto, que no computará la tasa de reposición las plazas que se convoquen para el desarrollo de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Es decir, por un lado, limita la negociación que contempla el II Acuerdo para 2019 y, por otro, sólo abre la posibilidad de no computar la tasa de reposición a las corporaciones locales que cumplan requisitos de déficit, no así para el resto de sectores y Administraciones Públicas.
Desde CCOO insistirán en la eliminación de la tasa de reposición, el no condicionamiento para la recuperación de empleo a los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto u otras materias como la jornada laboral.
“Exigimos al Gobierno el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el II Acuerdo alcanzado con los sindicatos de la función pública, tanto en materia salarial, de empleo y resto de condiciones de trabajo, así como el respeto a la negociación colectiva para introducir cualquier tipo de mejora complementaria a los mismos, entendiendo como así figura en el propio acuerdo firmado el 9 de marzo, que ha sido el inicio de la recuperación de derechos arrebatados a más de tres millones de empleadas y empleados públicos”.
El 23 de octubre, por fin se reúne la comisión de seguimiento del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, en la que CCOO dará traslado de sus opiniones y reflexiones sobre los contenidos del Acuerdo Gobierno - Unidos Podemos, en aquellas materias que afecten la negociación colectiva en las Administraciones y sector público.
Comisiones Obreras es el primer sindicato en la Función Pública, al contar con el apoyo de un 37,35% del personal público y tener cinco representantes en la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, frente al 33,91% de UGT (cinco representantes), 22,14% de CSIF (tres), 2,88% de CIG (uno) y 3,20% de ELA (uno).
Fuente: BOE nº 159, de 5 de julio de 2017 - Referencia: BOE-A-2017-7768, Anexo 2.1
