El pasado 25 de mayo de 2022 se celebró la última reunión del Ministro de Universidades con los sindicatos mayoritarios para hablar de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). A pesar de las intenciones declaradas en el preámbulo del anteproyecto de ley, estas no son desarrolladas en el texto presentado. Tampoco han sido consideradas ni respondidas las cuestiones planteadas por la representación de trabajadores y trabajadoras.
CCOO coincide con el Ministerio en el diagnóstico de la situación actual de las universidades públicas, que podría comprometer su calidad y supone un importante riesgo para su sostenibilidad. En este sentido, cabe destacar: la desinversión pública mantenida en el tiempo desde 2009, el aumento de financiación privada derivada del incremento de los precios públicos, y la temporalidad y precariedad de las plantillas.
Para CCOO, el articulado del anteproyecto de LOSU presentado no responde a los problemas acuciantes de las universidades públicas. La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia y exige lo siguiente:
1. No se acompaña de una memoria económica donde se detalle la financiación.
2. No contempla financiación adicional específica para acometer la disminución de las elevadas tasas de temporalidad y precariedad en el empleo universitario, sobre todo en el profesorado. La ley debe ir acompañada de financiación específica para disminuir la precariedad y temporalidad.
3. Establece diferentes mecanismos de financiación (basal, por objetivos y singular) y se emplea el concepto de “suficiencia financiera” sin que se haga una mínima descripción de este término.
4. Se habla de financiación, pero no se aclara cuándo se alcanzará el 1% del PIB ni tampoco cómo se va a hacer, ni si se refiere a la media nacional o va a haber diferencias por comunidades autónomas. Tampoco se indica cómo se va a controlar la realización de este objetivo.
5. No se puede pretender sustituir o modificar la actual distribución y competencias académicas de departamentos, facultades y escuelas por otros centros y estructuras que se puedan crear, con menos participación y control democrático de la comunidad universitaria. La modificación de la estructura académica necesitaría un mayor debate de la comunidad universitaria.
6. En todos los órganos de representación debe haber un porcentaje mínimo del 10% de presencia del personal técnico y de gestión y administración de servicios, y del PDI no permanente.
7. Defendemos que los cargos académicos unipersonales de dirección, con elección por sufragio universal ponderado, puedan ser de un máximo de dos mandatos consecutivos de cuatro años. Un único periodo de seis años puede generar un déficit democrático, especialmente en el Consejo de Gobierno de la Universidad, donde se propone que el 30% de sus integrantes sean nombrados por el rector o la rectora.
8. Demandamos la creación de la Mesa Sectorial de Universidades y que se explicite en la ley que la carrera académica, condiciones de trabajo, retribuciones, etc., se desarrollarán en el Estatuto del Personal Docente e Investigador. En la ley se obvia el derecho a la negociación colectiva de los empleados y las empleadas de las universidades públicas.
9. Esta ley, en su actual redacción, aboga por seguir manteniendo la temporalidad y precariedad. No se puede excluir del porcentaje del 20% de temporalidad al profesorado ayudante doctor, ni tampoco se puede emplear el concepto de equivalencias a tiempo completo para contabilizar al personal temporal. Parece que cambia todo para no modificar realmente nada de la situación actual. Si de verdad se quiere atajar el problema de la precariedad, se deben detallar más los límites máximos de las distintas figuras temporales.
10. Además, tiene que haber, de manera obligatoria, planes de promoción y estabilización que permitan desarrollar la carrera profesional y reducir la temporalidad.
11. Los complementos retributivos autonómicos serán asignados de modo transparente, pero no consideramos necesario que todos ellos tengan que ser evaluados por las agencias de calidad.
12. Debe existir la homologación o reconocimiento entre agencias regionales y ANECA en los procesos de acreditación del profesorado.
13. Hasta que no se produzcan los desarrollos reglamentarios y modificaciones pertinentes, se debe seguir realizando –por parte de las agencias de calidad– la evaluación para la figura de profesorado contratado doctor y se podrán seguir convocando plazas de dicha categoría por las universidades públicas.
14. El Gobierno será el responsable de crear un repositorio institucional nacional y de promover el acceso abierto a la ciencia con financiación específica.
15. Exigimos un mayor control en la creación y desarrollo de universidades privadas.
Todas estos puntos forman parte del conjunto de aportaciones que CCOO ha enviado ya al Ministerio de Universidades. En una ley que va a configurar el futuro del sistema universitario a nivel estatal en los próximos años, el Ministerio no puede dejar al margen a los sindicatos.
