La norma no recoge los procedimientos para establecer límites máximos de plazas en las universidades privadas, pero sí en las públicas, por lo que nos encontramos con una desregulación del ámbito privado y una más que probable reducción de la oferta pública.
La Federación de Enseñanza de CCOO, en el marco de la Comisión Permanente del Consejo Escolar el Estado, ha manifestado, a través de su voto particular, su rechazo al proyecto de Real Decreto por el que se establece el acceso a la universidad. En lugar de regular con carácter básico los requisitos de acceso y los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, la norma se centra en su “desregularización”, flexibilizando en exceso requisitos y procedimientos, de tal manera que, a la postre, dificultará el ejercicio de los derechos de los estudiantes en lugar de garantizarlos.
La existencia de pruebas y niveles de exigencia distintos para una misma titulación, aun cuando se utilicen de forma coincidente los elementos establecidos en el artículo 10 de la norma, resulta discriminatorio para los estudiantes, porque no todos estarán sometidos a idénticos criterios de valoración, pudiendo resultar determinantes para el acceso a una universidad factores sustancialmente diferentes de los que son determinantes para otra.
La posibilidad de coordinación para utilizar procedimientos similares entre distintas universidades no tiene carácter obligatorio, por lo que no supone, en ningún caso, un mecanismo solvente para garantizar la igualdad.
En cuanto a las formas de admisión, el RD establece también determinados criterios que pueden resultar discriminatorios: para los bachilleres españoles, europeos o de estados con los que se haya suscrito acuerdo de reciprocidad, la universidades podrán decidir que el acceso a la universidad se haga solo en base -o no- a la nota del Bachillerato; pero para los técnicos superiores de FP, de Artes Plásticas y Diseño y aquellos que cuentan con una formación de Técnico Deportivo Superior, las universidades deberán fijar obligatoriamente algún tipo de procedimiento de admisión.
Además, no se garantiza de forma suficiente el derecho de los aspirantes a concurrir a diversas universidades, especialmente en territorios con una oferta amplia de campus y titulaciones. Todas las pruebas se concentrarán previsiblemente en un corto período de tiempo y en centros que pueden llegar a estar muy distantes entre sí, lo que resulta inabarcable para los estudiantes.
Por otro lado, no se recogen los procedimientos que se van a utilizar para aplicar en las universidades privadas los límites máximos de plazas que el Gobierno puede establecer, mientras que sí se regula el de las universidades públicas para cada curso, donde además se dice que dichas plazas serán propuestas por las universidades y deberán contar con la aprobación previa de la comunidad autónoma correspondiente. Nos encontramos, pues, ante una desregulación manifiesta del ámbito privado y una más que probable reducción de la oferta pública.
La CRUE ya se ha manifestado abiertamente en contra de esta regulación, no sólo porque "provocará desigualdades en el acceso a la educación superior", sino por la imposibilidad material de disponer un cambio tan importante en tan poco tiempo.
El proyecto, que además presenta errores materiales que, de no subsanarse, impedirían su aplicación, se plantea en un contexto de una gravísima restricción presupuestaria, como la denunciada recientemente por CCOO en el estudio "Evolución de los presupuestos de las universidades públicas 2009-2013", y de un descenso histórico en las ayudas y becas al estudio que ha expulsado a miles de alumnos y alumnas del acceso a la educación pública.
Por todo ello, CCOO rechaza frontalmente esta regulación y exige al Ministerio que la rectifique y abra un escenario real de diálogo con la comunidad educativa para garantizar los derechos de los estudiantes y evitar un proceso caótico en las universidades.
La existencia de pruebas y niveles de exigencia distintos para una misma titulación, aun cuando se utilicen de forma coincidente los elementos establecidos en el artículo 10 de la norma, resulta discriminatorio para los estudiantes, porque no todos estarán sometidos a idénticos criterios de valoración, pudiendo resultar determinantes para el acceso a una universidad factores sustancialmente diferentes de los que son determinantes para otra.
La posibilidad de coordinación para utilizar procedimientos similares entre distintas universidades no tiene carácter obligatorio, por lo que no supone, en ningún caso, un mecanismo solvente para garantizar la igualdad.
En cuanto a las formas de admisión, el RD establece también determinados criterios que pueden resultar discriminatorios: para los bachilleres españoles, europeos o de estados con los que se haya suscrito acuerdo de reciprocidad, la universidades podrán decidir que el acceso a la universidad se haga solo en base -o no- a la nota del Bachillerato; pero para los técnicos superiores de FP, de Artes Plásticas y Diseño y aquellos que cuentan con una formación de Técnico Deportivo Superior, las universidades deberán fijar obligatoriamente algún tipo de procedimiento de admisión.
Además, no se garantiza de forma suficiente el derecho de los aspirantes a concurrir a diversas universidades, especialmente en territorios con una oferta amplia de campus y titulaciones. Todas las pruebas se concentrarán previsiblemente en un corto período de tiempo y en centros que pueden llegar a estar muy distantes entre sí, lo que resulta inabarcable para los estudiantes.
Por otro lado, no se recogen los procedimientos que se van a utilizar para aplicar en las universidades privadas los límites máximos de plazas que el Gobierno puede establecer, mientras que sí se regula el de las universidades públicas para cada curso, donde además se dice que dichas plazas serán propuestas por las universidades y deberán contar con la aprobación previa de la comunidad autónoma correspondiente. Nos encontramos, pues, ante una desregulación manifiesta del ámbito privado y una más que probable reducción de la oferta pública.
La CRUE ya se ha manifestado abiertamente en contra de esta regulación, no sólo porque "provocará desigualdades en el acceso a la educación superior", sino por la imposibilidad material de disponer un cambio tan importante en tan poco tiempo.
El proyecto, que además presenta errores materiales que, de no subsanarse, impedirían su aplicación, se plantea en un contexto de una gravísima restricción presupuestaria, como la denunciada recientemente por CCOO en el estudio "Evolución de los presupuestos de las universidades públicas 2009-2013", y de un descenso histórico en las ayudas y becas al estudio que ha expulsado a miles de alumnos y alumnas del acceso a la educación pública.
Por todo ello, CCOO rechaza frontalmente esta regulación y exige al Ministerio que la rectifique y abra un escenario real de diálogo con la comunidad educativa para garantizar los derechos de los estudiantes y evitar un proceso caótico en las universidades.
