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Miércoles, 13 Noviembre 2013 08:42

Del Olmo cifra en 50 millones el coste que supondría extender a todos los funcionarios de la Junta el derecho a la extra de Navidad de 2012

La consejera de Hacienda advierte de que si esta situación se produjera habría que “acudir al Estado para ver cómo se soluciona esto” porque “deriva de un decreto ley”

David Aso/ ICAL

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, estimó en unos 50 millones de euros el coste que supondría para las arcas regionales una hipotética devolución de la parte devengada de la extra de Navidad de 2012 a todo el personal de la Junta, tal y como sucederá con tres funcionarios de Sacyl que recurrieron y, que según se conoció hoy, han conseguido el apoyo de un juzgado de Palencia.

“La extra vino a suponer un ahorro de unos 200 millones de euros, incluyendo no solo el personal de la Junta, sino todo lo que se paga por delegación, universidades, conciertos, etcétera”, explicó Del Olmo en declaraciones recogidas por Ical minutos antes de su intervención en un foro económico en Segovia. “Y la cuarta parte, que es más o menos lo que sería la cantidad que tendría que abordar la Junta, de extenderse esto a todos los colectivos, podríamos estar hablando del entorno de los 50 millones”, concretó

La consejera subrayó que “todavía no existen sentencias más que de tres casos concretos” que suponen “una cantidad sin importancia”, algo más de 700 euros por trabajador; y reiteró que el Gobierno autonómico está “estudiando todas las posibilidades que existan porque no hay dotación presupuestaria ahora mismo” para hacer frente a una hipotética extensión de esa sentencia para todos los empleados. “Evidentemente, estudiaremos las posibilidades de recurso, si es que existen”, aseguró.

No obstante, Del Olmo deslizó también sus reflexiones hacia el Gobierno central como responsable del marco legal que amparó la polémica supresión de la extra de las pasadas navidades. “Esto deriva de una norma estatal, de un decreto ley que fija el Estado y tenemos que aplicar todas las administraciones públicas. Y por tanto, si de ese decreto ley se derivan responsabilidades económicas para una Comunidad como Castilla y León pues hombre, habrá que acudir también al Estado para ver cómo se soluciona esto”, sentenció.

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