El Gobierno destina ingentes cantidades de dinero a financiar la formación y las bonificaciones del contrato para la formación y el aprendizaje, que no sirve ni para formar ni para insertar laboralmente a los jóvenes.
"Por cada cien contratos suscritos en 2014, sólo dos se convierten en indefinidos"
Bajo el nombre de Formación Dual del Sistema Laboral se esconde un tipo de contrato altamente bonificado, pero de escasa utilidad para la educación y la inserción de los jóvenes, el denominado contrato para la formación y el aprendizaje. Así se extrae del informe El fraude de los contratos para la formación y el aprendizaje, que acaba de hacer público CCOO, en el que se señala que:
- 65.000 jóvenes, el 50% de los que habían suscrito contratos para la formación y el aprendizaje en 2014, se estaban formando como camareros, dependientes de comercio o limpiadores.
- Por cada cien contratos suscritos en 2014, sólo dos se convierten en indefinidos.
- Los titulados superiores son el grupo que más ha crecido entre los contratados, aunque esta modalidad de contrato estaba prevista para personas sin cualificación reconocida.
-El gobierno no financia la formación de estos jóvenes en centros públicos, paga 214 euros por mes y alumno a los centros privados por cursos a distancia y sin reconocimiento académico.
"La generosa financiación de la formación, muy por encima de los precios de mercado, ha propiciado una nueva y lucrativa línea de negocio para centros privados, en especial las que se dedican a formación a distancia para realizar la gestión administrativa y los cursos inherentes al contrato para la formación y el aprendizaje. Algunas disponen de autorización para realizar la formación de hasta 140 ocupaciones diferentes, explica Francisco Moreno, de la Secretaría confederal de Formación de CCOO.
El contrato para la formación y el aprendizaje cuenta además con un paquete de bonificaciones muy generoso que incluyen la reducción del 100% en la cotización a la Seguridad Social de empresa y trabajador (para empresas menores de 250 trabajadores). Dado que sólo en 2014 se suscribieron 139.864 contratos, el importe abonado por las arcas públicas, tan sólo por formación, teniendo en cuenta que, por término medio, el periodo formativo sea de seis meses, rondaría los 180 millones de euros. Se estima que el importe de las bonificaciones será incluso superior a esa cantidad.
Como señala Javier López, secretario de Formación CCOO, "El gobierno predica la austeridad pero practica el derroche más absoluto cuando se trata de maquillar la estadísticas del paro juvenil y beneficiar a los centros de formación de privados. No tiene sentido pagar 214 euros mensuales por enviar a los trabajadores unos manuales y unos test. La formación en alternancia tiene sentido cuando permite adquirir una cualificación profesional reconocida, no cuando se utiliza como coartada para contratar precariamente a los jóvenes."
Por ello, no sorprende que entre 2012 y 2014, el número de contratos para la formación haya crecido un 131% mientras la contratación general lo hacía solo en un 16% y los contratos en prácticas un 30%. Sin embargo, los resultados en términos de inserción y formación de los alumnos han sido más que dudosos. Según los datos del propio SEPE por cada cien contratos realizados en 2014, sólo dos se transformaron en indefinidos.
Respecto a las características de la formación que se imparte en esta modalidad de formación y aprendizaje, el Gobierno, en la reforma de 2012, suprimió la obligación de que los trabajadores sin ESO realizaran estudios para obtener ese título y permitió la contratación de jóvenes con títulos universitarios, siempre que se hiciera para aprender una ocupación diferente a su especialidad. El resultado es que los contratados que más han aumentado son los licenciados universitarios. Al mismo tiempo, ha aumentado la edad media de los contratados. Un informe sobre formación dual de IESE, una entidad poco sospechosa de izquierdista, afirma que "el contrato para la formación y el aprendizaje no se está empleando en la franja de edad correcta, para jóvenes de entre 16 y 19 años que, tras acabar la ESO inician una Formación Profesional, sino para jóvenes entre veinte y veinticuatro años, lo que estimula la contratación precaria".
Debido a que el Partido Popular decidió llamar a esta fórmula contractual "formación dual del sistema laboral", se ha creado una confusión entre ésta y la formación dual del sistema educativo, que cuenta con menos alumnos y en la que se cursan estudios de FP reglada, casi siempre en el sector industrial. Confusión que el gobierno aprovecha para vender en la Unión Europea el desarrollo de estos contratos precarios como desarrollo de la formación dual, cuando, los datos demuestran que no tienen nada que ver.
En suma, el gobierno no solo permite, sino que estimula, la contratación precaria, derrochando recursos públicos en beneficio de empresas privadas.
