El impacto de la crisis económica y la política de retrasos e impagos de las cantidades adeudadas por las diferentes administraciones públicas están llevando a las empresas del sector de la discapacidad a una situación insostenible. Situación que podría desembocar, de no encontrar soluciones a corto plazo, en el cierre de centros y en la finalización de la prestación de numerosos servicios a las personas con discapacidad. Así, estamos asistiendo a la tramitación de un número cada vez mayor de expedientes de regulación de empleo y al impago de nóminas por falta de liquidez. Se trata de miles de puestos de trabajo los que están en la cuerda floja, tanto de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo como de los profesionales encargados de su atención, diagnóstico, rehabilitación, reintegración social y laboral, formación, etc.
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