Ayer, 28 de septiembre, tuvo lugar reunión de la Comisión de seguimiento del Acuerdo marco para una administración del siglo XXI, conformada por la Secretaría de Estado de Función Pública y los sindicatos CCOO y UGT.
El Gobierno de España ratificó en la citada reunión que se cumplían las condiciones recogidas en la primera de las cláusulas adicionales retributivas para 2023, vinculada al IPCA, tal y como fue recogido en el citado Acuerdo, y que recordemos, firmado por las organizaciones sindicales UGT y CCOO.
Se trata de una medida ya negociada y acordada (en virtud del referido Acuerdo Marco) y refrendada legal y presupuestariamente por la Ley 31/2022 de PGE para 2023, no precisando de ningún desarrollo normativo ni presupuestario específico, pues la suma del IPCA de 2022 y el de septiembre de 2023 supera el 6%, condición que sirve para activarla.
Tan solo requiere (como prevé la propia LPGE) del acuerdo del Consejo de Ministros, el próximo se celebra el martes 3 de octubre, por lo que entendemos que esta cuestión será materia objeto del Consejo.
Este incremento se debe producir en la nómina del mes de octubre en todas las administraciones públicas, mejorando la capacidad de compra de 3,5 millones de trabajadoras y trabajadores del sector público. En definitiva, una buena noticia que viene a amortiguar y paliar los efectos de la inflación.
El Acuerdo Marco continúa vivo y, confiamos, va a seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo de las y los empleados públicos, pues seguimos avanzando en otras mejoras del Acuerdo Marco, como son la jubilación parcial anticipada del personal funcionario, la clasificación profesional y la definición del carácter mínimo de los permisos y días adicionales de vacaciones definidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Muchas de estas mejoras están pendientes de su aplicación, a la espera de la investidura del próximo presidente del Gobierno de España.
