Comunicado de la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita. Castilla y León

Valladolid, 4 de Octubre de 2014

Este comienzo del curso viene regido por la consolidación de los recortes en todo el sistema educativo, por la paulatina desaparición de la compensación educativa y el tratamiento de la diversidad, con el consiguiente incremento de la desigualdad y arremetiendo aún más contra la escuela pública; por la implantación de la LOMCE de forma improvisada, que se ha hecho sin negociación e información del profesorado y cargado sobre sus espaldas, y por las medidas y reformas universitaria planteada por el Ministro Wert, que empeorará la situación de la Universidad Pública.

Ante esta situación, desde la Plataforma y las organizaciones que las conformamos, vamos a seguir denunciando y movilizándonos en contra de la política de recortes en la educación pública y de la imposición de la LOMCE. Las próximas se llevarán a cabo en toda la región, sumándonos así al llamamiento de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública que, dentro del calendario de movilizaciones para el curso 2014-15, organiza la semana de movilizaciones por la Escuela Pública del 6 al 10 de octubre, que comenzará con un abrazo simbólico a los centros educativos y a las instituciones educativas de cada localidad, transmitiendo así que pertenecen a la ciudadanía y no a los gobernantes.

Porque no olvidamos que los recortes en educación han sido de 7.000 M€ en 5 años, bajando desde el 2009 el PIB al 4,37%, y Rajoy se ha comprometido con la UE a bajarle al 3,9% en 2015, sustrayendo al derecho a la educación otros 4.000 M€ (niveles de 1987), aún más alejados de la UE (5,25%) y de los países punteros llegan al 7% del PIB.

Porque vivimos las consecuencias con: 45.000 empleos menos en todo el estado (más de 1100 en la Región solamente en el curso 2012-13, con un aumento de la interinidad que alcanza el 20%, para un incremento del alumnado considerable): Con las aulas llenas y sin las medidas de atención a la diversidad necesarias para atender a todo el alumnado (la compensatoria perdió 90%: de 170 a 70 y ahora, en los nuevos presupuestos, un ridículo 5,2 M€); recortes o supresión de becas al estudio, libros, comedor y transporte. Desde el curso 2010-2011 las ayudas para libros y material escolar se "desploman" a la mitad, de 128,7 millones a 68,5M€, al igual que sus beneficiarios.

Y, por si fuera poco, ahora los PGE de 2015 certifican el progresivo desmantelamiento del Sistema Público de Educación y de la igualdad de oportunidades. Venden una subida del 4,5% cuando 90M€ se dedican a la implantación de la LOMCE que exige de 142,6 (lo cual quiere decir que hay 44,6M€ menos); la enseñanza infantil y primaria ha perdido el 40% desde que gobierna el PP y el 60% el bachillerato y la FP (aún sin el coste de la FPbásica).

En Castilla y León, que han seguido esa misma tónica, hay que recordar algunas de las cifras de las políticas seguidas por el gobierno regional y que han supuesto una reducción del 20,4% respecto a 2010 (452M€), lo que sitúa a nuestra región en el cuarto puesto del ranking estatal de bajada del gasto educativo, con un 13% de gastos corrientes menos, la eliminación de programas de refuerzo y de abandono escolar (con un coste de 100M€) y un largo etcétera.

Por lo tanto, estamos ante un nuevo curso en el que crece el malestar docente porque continúan aplicándose los recortes en nuestras condiciones laborales, porque seguimos instalados en la congelación salarial y por las dificultades derivadas de las políticas de empleo público docente aplicadas por el Gobierno de España y de Castilla y León: inestabilidad del profesorado y de las plantillas, lo que se corregiría con ofertas de empleo que puedan cubrir todas las jubilaciones y plazas de profesorado interino, retirando la tasa de reposición (1 de cada 10) de efectivos docentes y con un programa para la recuperación progresiva del empleo docente recortado, por lo que es insuficiente y electoralista la medida de mejorar la tasa de reposición ahora, en los PGE para 2015.

Nos empeñamos en recuperar los programas de mejora necesarios (apoyos, desdobles, recuperaciones, innovación educativa..), además de atender las necesidades crecientes de escolarización y ampliaciones de centros, con el profesorado y los medios necesarios para preservar el derecho a la educación de todo el alumnado y la cohesión social consiguiente, que las medidas sucesivas de estos gobiernos pone cada vez más en peligro.

Queremos volver a denunciar en este comienzo de curso las políticas de imposición en la implantación de la LOMCE, que nace sin presupuesto para Primaria y sin compromisos claros para la implantación de la Formación Profesional Básica y que se impone sin diálogo, con precipitación y cargando todos los esfuerzos en las espaldas del profesorado.

En los Centros Públicos de Castilla y León nos hemos encontrado en septiembre con las complicaciones habituales del excesivo ajuste entre el inicio de curso y el comienzo de las clases, y de la situación negativa arrastrada y acumulada a lo largo de los últimos cursos, ahora consolidada: asfixia presupuestaria, plantillas y cupos raquíticos, escasez de personal de administración, cobertura tardía de necesidades sobrevenidas (durante las dos primeras semanas del curso más de un centenar de profesores/as no habían sido nombrados en sus centros),…

Esa situación se ha agravado con la implantación improvisada de la LOMCE en los niveles 1º-3º-5º de Educación Primaria. Los Centros han tenido que solucionar los problemas derivados de la nueva distribución horaria, de la convivencia de la actual estructura de ciclos con la nueva de cursos, de la puesta en marcha de la oferta de Valores Culturales y Sociales, sin información alguna, complicaciones que han obligado a una planificación maratoniana de horarios y programaciones.

Y el día 23 ha comenzado -también vía decreto- la aplicación de la nueva FPl Básica, que viene a sustituir a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), pero sin que el profesorado haya recibido ningún tipo de formación, con ratios que pueden superar los 20 alumnos por aula (cuando para este tipo de alumnado se requieren ratios más bajas), con más de 1.000 alumnos menos que había el curso pasado en 1º de PCPI, y con reducción de plantillas y empleo, mostrando la verdadera cara de la LOMCE: la de quienes tienen como objetivos fundamentales seleccionar, segregar y excluir al porcentaje de alumnado más necesitado de formación y apoyo..

Además, los centros se siguen encontrando con presupuestos de mantenimiento que impiden un estado de conservación y un mantenimiento regulares: de 115 M€ en 2009 a 19 M€ en 2014 y, ante el periodo electoral que se avecina, anuncian con descaro que incrementarán en 48M€ en 3 años (¡a 6,5M€/a!).

Por otra parte, después de que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades asegurase que sólo diecisiete familias en la Comunidad precisaban ayuda urgente ante la reivindicación de que quedaran los comedores escolares abiertos en verano, el inicio de curso ha sido caótico, al haber resuelto la Consejería de Educación la adjudicación del servicio el 5 de septiembre, agravando el origen de los problemas. Los beneficios de dichas empresas se hacen a costa de la pérdida de calidad de la comida y de la reducción del personal encargado de cuidar (y educar) al alumnado. La privatización del servicio ha supuesto en estos años la generalización del uso del catering. En cada vez en más centros, desconocemos quien cocina, de donde viene la comida y que comen nuestros escolares,

Recordamos también que las ayudas a los libros de texto sufrieron durante el curso escolar 2012/2013 un brutal recorte, al pasar de 21,2 millones de euros a menos de 7 en la actualidad. Lo escaso de las ayudas al RELEO (900.000 euros), programa que impulsa la creación de bancos de libros de texto, indican que sólo se pretende enmascarar el recorte, incrementando, además, la carga de trabajo de un profesorado al que ya se le había aumentado el horario lectivo y las ratios, para hacernos creer que se está haciendo más con menos.

Y tenemos que denunciar que el abandonado las políticas de inserción laboral para fijar población, con la excusa de la crisis, ha expulsado a muchos de nuestros jóvenes ya formados y reduce la natalidad, a lo que se suma la expulsión de inmigrantes (en el curso 2012/13 se redujo en 2.320 y, en el 2013/14, en otros 2.448 matrículas menos).

Por último, la Universidad en el Estado español no se queda atrás. Cerca de 1.400 millones menos de inversión en educación universitaria entre 2010 y 2013 (-13,7 %), 8.124 empleos menos en los 2 últimos años; 45.000 estudiantes "expulsados" por la disminución de becas y ayudas, el endurecimiento de los requisitos para acceder a éstas, que ha supuesto pasar de 88.271M€ para 788.923 alumnas y alumnos en 2001 a 68.570 M€ para 398.781 en 2012-13. A ello se une el incremento de tasas que han supuesto pasar de pagar el 16 % de la educación universitaria al 22 %. A esto denunciamos el anuncio del ministerio de que las becas deben sustituirse por un sistema de préstamos (bancarios, por supuesto) para expulsar aun mas de las aulas a quienes no puedan costearse unos estudios cada vez más caros.

Tres borradores de Real Decreto que, de salir adelante, cambiarán, a peor, aspectos fundamentales de la enseñanza universitaria: Reducir la duración de los grados (3 años en lugar de 4), pasando obligatoriamente los másteres a ser de dos años, que, con los actuales precios provocaría un aún mayor sesgo clasista en el acceso a la educación superior. Un sistema de selección del profesorado menos objetiva, transparente e imparcial que la actual y que continúa minusvalorando la actividad docente frente a la experiencia en empresas, Contrario al Estatuto de la Función Pública. Y, por si quedaran dudas, flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997, pasando de 13 a 32 (cuando el Gobierno ¡habla de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros!).

En las Universidades de la región, además de seguir aumentando las tasas, una vuelta de tuerca a la igualdad de oportunidades son las nuevas Normativas de Permanencia exigida por el Plan Bolonia, que obliga al alumnado a matricularse de las asignaturas suspendidas, impidiendo organizarse sus estudios, lo que supondrá también un incremento en el coste de las tasas, ya que las segundas, terceras y cuartas matrículas son aún más caras, a lo que se une el plazo para terminar la carrera, dificultad añadida para los que compaginen estudios y trabajos.

A ello hay que añadirle el recorte en las becas (cercanos al 50% y la supresión de las ayudas complementarias de las becas Erasmus) suponen una barrera económica infranqueable para muchas familias, además de que la falta de becas de movilidad en nuestra región, supone que siga aumentando los estudiantes que se vean forzados a abandonar los estudios y se favorece, en competencia desleal, a las universidades privadas, porque, quien pueda permitirse sus precios, lo va a preferir antes que irse a otra ciudad a estudiar a una universidad pública, con unas tasas más accesibles, pero a lo que habría que añadirles el gasto en manutención y desplazamientos.

Por último, otras consecuencias de los altos precios de las tasas (estudiar un Grado o un Máster en las universidades públicas de Castilla y León es un 29% más caro que la media nacional) y del recorte en el mapa de titulaciones de que afectó especialmente a núcleos con menos población (Béjar, Ponferrada y Soria, cercanos también a otras Comunidades), contribuye aún más a la despoblación de la región, ya que es probable que, por ejemplo, parte del alumnado de Soria prefiera ir a estudiar a Zaragoza antes que a Valladolid porque, de no contar con beca, buscará cercanía y tasas menos caras.

Por estas razones, viejas y nuevas, esta Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita y todas las organizaciones que las componen, impulsarán movilizaciones y llama a toda la ciudadanía a secundarlas en contra de las políticas de los gobiernos central y autonómico y en defensa de una enseñanza de calidad, pública, laica y gratuita, a la vez que pretendemos construir la alternativa que haga posible que la educación sea la piedra angular para impulsar una sociedad realmente democrática, participativa, activa, porque todas las personas tengan la oportunidad de formarse en igualdad de condiciones.

Porque si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos ante este saqueo a los derechos y, en concreto, al derecho a la educación de calidad para todas y para todos.