Comisiones Obreras y UGT de Castilla y León han decidido pasar a la acción para desbloquear las negociaciones del convenio colectivo estatal de atención a personas con discapacidad. Los representantes de ambas organizaciones han puesto de manifiesto la falta de respuesta de la patronal ante las demandas de la representación social en la negociación del XV Convenio Colectivo de Atención a Personas con Discapacidad. Los representantes de ambas organizaciones sindicales han puesto de manifiesto dos cuestiones básicas. Por un lado, que ya es hora de dejar paso a esfuerzos pasados para mantener las empresas del sector, y por otro, que la entrada de empresas con ánimo de lucro en este sector lo que han provocado es un mayor deterioro del empleo.
Debido a esta situación, ambos sindicatos van a iniciar una campaña de movilización por todo el país para hacer visible este conflicto. Reclaman avances en el nuevo convenio estatal de los trabajadores de atención a la discapacidad (afecta a 220.000 personas), y que en la Comunidad afecta a cerca de 26.000 profesionales. La mayor parte de estas personas trabajadoras son educadores/as, psicólogos/as o trabajadores/as sociales cuyo salario base, en el 80% de los casos, no llega a 1.000 euros brutos mensuales. De este montante de personas, en torno a la mitad desempeña su labor en centros especiales de empleo, mientras que el resto lo hace en residencias, centros tutelados, talleres ocupaciones o centros educativos.
Hace un año se constituyó la plataforma para negociar el nuevo convenio sin que haya habido avances por el inmovilismo de la patronal, formada mayoritariamente por organizaciones que representan al mundo asociativo (Aedis y Feacem) y, en menor medida, las que engloban a empresas con ánimo de lucro, dentro de las cuales se incluyen las dedicadas al ámbito educativo.
Manuel Estacio ha recordado que ante las dificultades económicas que sufrió el sector durante la crisis, los/as trabajadores/as aceptaron ‘cinco años de congelación salarial a los que siguieron, en los años 2014 y 2015, subidas que se quedaron en el 1%’. No obstante, nuestro compañero ha advertido de que en el caso de los trabajadores con discapacidad su remuneración se sitúa en el salario mínimo interprofesional anterior a la última subida habida en 2017, ya que al recibir otros complementos por su situación personal supera el umbral fijado para su actualización’, remarca.
Ante la intención de la patronal de seguir en la línea de la congelación y el rechazo a estudiar medidas que favorezcan la conciliación -en algunos casos el 50% de la jornada se organiza en una bolsa de horas que impide a estos profesionales conocer cómo va a ser su horario con antelación-, las dos organizaciones sindicales representativas en el sector han iniciado esta campaña de movilizaciones que esperan mantener en el tiempo mientras no se produzca un cambio en la organización.
Estos profesionales, con un marcado carácter vocacional, no dejan de reconocer que son trabajadores y no una ONG, ‘por lo que pedimos dignificar nuestro trabajo como cualquier otro profesional’, indica Manuel Estacio.
En muchos casos son una mano de obra barata.
Precisamente sobre los centros especiales de empleo, Manuel Estacio ha lamentado que pese a que su finalidad era la de ‘favorecer la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad, en la actualidad apenas hay transición de estos a los centros de empleo ordinarios, en lugar de lo cual se han convertido en caladeros de mano de obra muy barata que supone una competencia desleal con otras empresas’, ha zanjado.
Estacio ha indicado que las cláusulas sociales incluidas en los pliegos de contratación de la Administración, que reservan plazas para la inclusión laboral de personas con discapacidad, han sido aprovechadas por grandes empresas multiservicio que han encontrado ‘un excelente nicho de negocio, que unido a las subvenciones y ventajas sociales asociadas, hacen que cada vez haya más entidades con ánimo de lucro que pujan a la baja en estas licitaciones con las consiguientes expulsión de las asociaciones sin ánimo de lucro y una mayor precarización de las condiciones laborales’, subraya.
