El Consejo de Ministros ha anunciado que a partir de ahora se bonificarán las cotizaciones sociales de los programas de formación (becas) de estudios universitarios y de formación profesional que se consideren curriculares, es decir, aquellas prácticas que forman parte del plan de estudios con el que se accede al título oficial.

CCOO espera, asimismo, que esta medida sea suficiente para que el Ministerio de Educación abandone definitivamente la campaña de acoso a este derecho de decenas de miles de estudiantes universitarios y de formación profesional. En este sentido debemos recordar que, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2013 que estimaba un recurso de CCOO en un precedente previo similar, el Ministerio de Educación ha estado promoviendo la supresión del derecho a cotizar de los jóvenes que tienen becas curriculares remuneradas con el débil argumento de su coste (34 € que son gasto deducible para las empresas, es decir entre 25-30 € mes).
Para CCOO, la medida anunciada supone el mantenimiento íntegro del nivel protección social que en 2011 se negoció entre sindicatos, empresarios y Gobierno para los jóvenes becarios, de modo que esta cotización sirve para reunir carrera de cotización para la jubilación y también para la cobertura de enfermedad común.
CCOO también ha mantenido que el Sistema de Seguridad Social no debía ver mermado sus ingresos. Aparentemente, el Gobierno ha decidido asumir desde el Presupuesto del Estado la bonificación de cuotas en una parte de las becas, las curriculares o ligadas a la obtención de un título oficial. De confirmarse este extremo en la publicación en el BOE, se garantizarían, efectivamente, los ingresos previstos en el Sistema por esta vía, ya que es el Estado el que asume el pago de las cuotas, lo que no ocurre con otras figuras como las reducciones.
Sin embargo, CCOO sí debe criticar que la campaña injustificada e inaceptable del Ministerio de Educación haya tenido como resultado que se haya transferido el pago de estas cotizaciones desde las empresas hacia el conjunto de ciudadanos, que somos quienes pagamos en último lugar las bonificaciones.