El sindicato advierte que quedan todavía pendientes algunas propuestas fundamentales para la mejora del sistema de Formación Profesional, como la elaboración de una memoria económica que garantice un presupuesto estable, independientemente de los fondos extraordinarios.
La norma aprobada ayer en el Pleno del Congreso pasará a debate en el Senado y supone un avance hacia la integración de los actuales sistemas de FP mediante la actualización de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y la Formación Profesional para crear un sistema de formación y de acreditación permanente a lo largo de la vida. El objetivo del Gobierno es acreditar a dos millones de personas y crear 200.000 nuevas plazas de FP en los próximos 4 años para mejorar el nivel de competencias profesionales de la población adulta y contribuir al crecimiento de la economía en un contexto de crisis y de transformación digital y ecológica.
Durante la tramitación de la Ley en el Consejo Escolar del Estado, CCOO ha presentado 136 enmiendas de las que se han aprobado 114, entre las que destacan la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema, la protección de los aprendices en la empresa mediante el contrato laboral y la mejora de las condiciones laborales y formativas del profesorado de FP.
Sin embargo, quedan pendientes algunas propuestas fundamentales para la mejora del sistema de Formación Profesional, como una memoria económica que garantice un presupuesto estable, independientemente de fondos extraordinarios para la financiación; la creación de un mapa de FP como instrumento de control y de prospección territorial que permita establecer una oferta adecuada a las necesidades de cada territorio; o la revisión y la modificación de la normativa de admisión para evitar la segregación del alumnado más vulnerable.
Además, la norma debe desarrollar mecanismos que garanticen la creación de plazas públicas en todos los territorios para frenar la privatización de la oferta y la expulsión del sistema de miles de jóvenes, especialmente en las comunidades autónomas donde se han aplicado políticas neoliberales en los últimos años. Asimismo, se deben regular medidas para evitar la discriminación por cualquier razón y para combatir la brecha de género profesional y el impacto en la inserción laboral de las mujeres, y adoptar medidas para garantizar la inclusión del alumnado con los mismos soportes educativos que cuentan otras etapas.
Para CCOO es prioritario establecer un plan de lucha contra el abandono escolar prematuro que garantice la orientación y el acompañamiento del alumnado desde las etapas obligatorias y durante su formación profesional.
La Ley incrementa la estancia formativa en la empresa de todas las titulaciones, entre un 25% y un 35% del currículo, con mínimo de 500 horas de prácticas no laborales, y le otorga el carácter dual, concepto que se limitaba hasta ahora a las estancias remuneradas con beca o con contrato (cifra que actualmente alcanza apenas al 3,6% del alumnado matriculado en toda España desde que se implantó esta modalidad en 2012).
No obstante, CCOO advierte de que el aumento de las horas en la empresa y la disminución de estas en el centro en todas las familias profesionales, en un contexto de aumento de alumnado y de destrucción de empresas por la actual crisis, puede suponer una reducción de la calidad formativa en algunos sectores profesionales al no tener empresas o entidades suficientes ni capaces de formar a todo el alumnado y generar un nuevo problema al no poder finalizar la formación en el tiempo previsto.
Como mejora, cabe destacar la obligatoriedad de comunicar a la representación legal de trabajadores y trabajadoras cualquier estancia en la empresa o entidad y la cotización efectiva de las prácticas no laborales al sistema de Seguridad Social incluida en el reciente Acuerdo de la mesa del diálogo social en materia de Seguridad Social y Pensiones del 2021.
La modalidad de FP Avanzada (hasta ahora Dual) se realizará mediante contrato laboral a partir de 2029, periodo máximo para implementar esta mejora que desde hace años en algunas comunidades autónomas supone la única relación contractual de dicha modalidad.
Por otro lado, CCOO exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional que haga efectivo de una vez el paso del profesorado técnico de FP al cuerpo de Secundaria y ponga en marcha las medidas de equiparación salarial y laboral oportunas para quienes no cumplan con los requisitos. Además, el sindicato plantea la necesidad de adoptar medidas reglamentarias y acuerdos para garantizar que los fondos destinados a la modernización de la Formación Profesional se destinen a las necesidades de las personas usuarias y trabajadoras del sector.
