Las personas responsables del área Pública de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han dicho esta tarde basta ya al consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, ante la negativa de éste por no cumplir el acuerdo relativo al disfrute de las 35 horas semanales para los más de 85.000 personas empleadas públicas dependientes de su Gobierno. En el breve encuentro, no llegó a los veinte minutos, habido en la sede de la Dirección General de Función Pública, organismo dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta, el desencuentro se ha plasmado de una manera rotunda. El consejero ha vuelto a reiterar el mensaje de hace dos días, por lo que la parte social ha dicho que no aceptan esa postura. Por lo tanto, el calendario de movilizaciones de este colectivo se activará el próximo mes de octubre. “La Junta no ha hecho propuesta alguna y por lo tanto no hay más que hablar”, han manifestado los representantes de los tres sindicatos reunidos: Ana Rosa Arribas (CCOO), Tomás Pérez (UGT) y Raquel Fernández (CSIF).
La parte social ha comentado que este calendario de movilizaciones concluiría con una huelga general de todo este colectivo para el 6 de noviembre. El primer acto previsto sería el de llevar a cabo, el próximo día 3 de octubre, concentraciones ante todas las delegaciones territoriales de la Junta repartidas por la Comunidad, a excepción de Soria, donde es fiesta, y para la que se buscará otro día. A continuación se ha planteado una gran concentración de personal público en Valladolid prevista para el 17 de octubre, coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno. Y en tercera instancia, antes de hacer esa huelga general, sería efectuar un paro de 2,5 horas en todos los centros de trabajo del Gobierno regional para el próximo día 25 de octubre, a partir de las 11.30 horas. Todas estas acciones están encaminadas a conseguir que la Junta recapacite y cumpla los acuerdos firmados y comience, por fin, a valorar a los profesionales que tiene a su servicio.
La coordinadora del Área Pública de CCOO, Rosa Arribas, insistió en las amenazas del Ejecutivo. “Cada uno cumple su papel, que lo sepa la ciudadanía”, comentó, tras un encuentro que calificó de “muy decepcionante”. Incluso, prosiguió, el “peor momento” ha sido cuando el consejero ha leído una carta que Carlos Fernández Carriedo envío al Ministerio de Hacienda hace un mes en el que preguntaba “si les pagarían las entregas a cuenta si aceptaban aplicar las 35 horas y, por tanto, reducir el gasto”. “Quieren culpar al Gobierno”, sentenció Arribas, quien lo situó en clave electoral.
Igualmente, confió en que esta fractura entre la Junta y los sindicatos del sector público “no afecte” al Diálogo Social. Sin embargo, “parece que la sensación de desprecio a una parte supone que se está despreciando a todos”. “Muestra muy poca empatía con la sociedad civil a través de los sindicatos mayoritarios”, aseguró en relación al “tándem” que forman PP y Cs.
También señaló que, dado que el acuerdo está suscrito desde mayo, en la Gerencia de Servicios Sociales se han llevado a cabo nuevas contrataciones ya con 35 horas, “pero cuando han ido a firmar se han encontrado que no, que son las 37,5 horas”.
La delegación de CCOO en esta reunión estaba compuesta por representantes de las tres federaciones que integran el Área Pública: Ana Rosa Arribas Muñoz (Sanidad y portavoz), Carlos Julio López Inclán (FSC) y Mª Jesús Castañeda Castañeda (Enseñanza).
